Orlando Valenzuela/IP Nicaragua
Fundación del Río Y Popol Na, ambas organizaciones ambientalistas, denunciaron al estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la falta de justicia en el país.
La demanda es por violación a derechos humanos, la libertad de asociación, el derecho al trabajo, entre otros, por parte del gobierno de Daniel Ortega, quien les anuló su personalidad jurídica, luego de más de 31 años de trabajo en el sureste y norte del país.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Rio, presentó este caso ante la CIDH, junto al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
«Es un caso que consideramos trascendental para la vida organizativa y de defensoría de Derechos Humanos en el país», asegura.
Ruiz asevera que agotaron todas las vías nacionales legales sin obtener ninguna respuesta del estado nicaragüense ni de la Corte Suprema de Justicia a las peticiones hechas en el marco de las leyes nacionales.
“Por eso decidimos ir por la vía internacional, para demandar al estado nicaragüense por violaciones a los derechos humanos que nos cometieron como organizaciones de sociedad civil ”, señala Ruíz, quien vive en Costa Rica desde el 2018, en el exilio.
Evidenciar violaciones del estado
El ambientalista expresa que espera que esta instancia internacional proceda y aunque el gobierno haga caso omiso de la resolución de una posible condena, dice que seguirán evidenciando la violación de los derechos humanos en Nicaragua.
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«De este régimen no esperamos ninguna medida correctiva, ni alguna acción que trate de reparar nuestros daños, pero queremos dejar evidencia y jurisprudencia internacional sobre el caso de violación a la libertad de asociación y otros derechos», afirma Ruiz.
No obstante Ruiz espera que cuando cambie la figura dentro del estado nicaragüense, entonces haya justicia y verdad.
«Y para nosotros esto es importante, porque representa parte de la memoria histórica de la situación de crisis socio política que vive Nicaragua desde 2018», considera.
El presidente de la Fundación del Río dijo que también piensan en el futuro de otras organizaciones, para que nunca más se vuelvan a repetir estos actos de violación a la libertad de asociación y otros derechos humanos en Nicaragua.
También denuncia el reciente atropello a la libertad de prensa con el allanamiento de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el asalto policial al sitio Confidencial, dirigidos por el periodista Caros Fernando Chamorro.
Siguen trabajando
Ruiz dice que a pesar de la represión gubernamental, ambas organizaciones continúan trabajando gracias al apoyo de las poblaciones de las comunidades del sureste de Nicaragua que confían en el trabajo por la conservación de la madre tierra.
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Asegura que seguirán desarrollando acciones en el país a favor de las comunidades indígenas afrodescendientes y de comunidades campesinas, tanto de Costa Rica como en Nicaragua.
Ruiz es enfático al señalar que en Nicaragua actualmente existe un control absoluto del sandinismo oficialista a través de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“No existe transparencia, no existe un proceso de debida diligencia y lo que existe es retardación de justicia por parte de la Corte Suprema”, manifiesta Ruiz.
Impacto negativo en beneficiarios
Por su parte Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más explica que dan acompañamiento a Fundación del Rio y Popol Na porque están convencido de las violaciones a los derechos humanos que ha realizado el estado de Nicaragua en contra de ambas organizaciones.
“Violaciones que van más allá de la organización como tal, sino también de sus asociados, sus integrantes, de sus trabajadores, que tienen un impacto en los beneficiarios y en los destinatarios finales de estas organizaciones, un impacto negativo en sus vidas y en el medio ambiente, como el caso de Fundación del Rio que tenía un trabajo con la naturaleza y con la defensa de la tierra”, indicó Flores.
