El secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúniga, oficializó la restricción de visas a 500 personas allegadas al gobierno de Ortega y Rosario Murillo, por «socavar las instituciones democráticas» del país.
Entre los sancionados hay miembros las fuerzas de seguridad como la Policía, funcionarios penitenciarios, así como jueces, fiscales, directivos de educación superior y actores no gubernamentales que participan en la «represión y corrupción del régimen», afirmó el funcionario estadounidense durante una conferencia vía telefónica.
“Nadie que facilite los abusos del régimen de Ortega-Murillo debe creer que pueden viajar libremente a Estados Unidos”, sostuvo.
Relaciones comerciales en la mira
Asimismo confirmó que el presidente Joe Biden firmó una nueva orden ejecutiva que permite a su Gobierno ampliar las sanciones contra la dictadura de Ortega y Murillo, incluidas medidas comerciales con Nicaragua.
“Estas nuevas medidas autorizan a apuntar a personas y entidades que operan al sector del oro nicaragüense para sanciones. A los objetivos de esas sanciones se les congelarían sus activos en los Estados Unidos y se bloquearía cualquier transacción que tenga contacto con el sistema financiero de los Estados Unidos”, señaló Zúniga.
Estados Unidos lanza advertencia con sanciones
El funcionario señaló que Ortega y sus aliados políticos continúan «utilizando las ganancias derivadas de la producción y la venta de oro para enriquecerse y pagar a quienes mantiene el régimen con el poder».
Esta mañana, el Departamento del Tesoro anunció el bloqueo de los activos y transacciones en Estados Unidos de la Dirección General de Minas (DGM) y a Lenín Cerna, exjefe de la Seguridad del Estado durante el primer gobierno de Ortega, en los ochena.
De acuerdo con el Tesoro, la Dirección General de Minas, adscrita al Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, ha sido utilizada por Ortega para gestionar el sector minero burlando las sanciones que Washington impuso en junio pasado a la compañía estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
Además, acusa al orteguismo de utilizar las ganancias de la producción y venta de oro para «oprimir al pueblo nicaragüense» e incluso «apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia».
