Para varias organizaciones y aspirantes a un cargo de elección popular, el anuncio de la Unión Europea fue bien recibido, pero otros dirigentes como María Corina Machado, calificaron la decisión del bloque como un “grave error” por considerar que legitima al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, ha insistido en que actualmente en Venezuela no existen condiciones para celebrar un evento electoral en donde los electores tienen la «certeza» que después de las elecciones «Maduro seguirá siendo ilegítimo, desconocido y además investigado por la CPI.”.
En agosto, el chavismo celebró primarias para definir a sus candidatos; un proceso en el que se expusieron fracturas internas y que fue calificado por analistas y dirigentes opositores como una “pantomima”, pues afirmaban que las decisiones se toman en la dirección del partido de gobierno.
A finales de ese mes, la Plataforma Unitaria de la oposición confirmó que, luego de un “extenso y difícil proceso de deliberación interna”, tomó la decisión de participar en las elecciones con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que fue habilitada por el CNE tras haber sido inhabilitada en 2018.
La oposición afirmó que el proceso electoral no será justo ni convencional, pero dijo entenderlo como un terreno de lucha “útil para fortalecer a la ciudadanía” e impulsar elecciones presidenciales y legislativas libres.
Evidentes diferencias entre la oposición dificultaron definir candidaturas unitarias en todo el país.
La semana pasada, cumpliéndose el lapso de sustituciones y modificaciones de postulaciones, algunos candidatos lograron alcanzar consensos para evitar la dispersión del voto, pero, en muchos casos, aunque el CNE registró las renuncias, no hubo cambios en las tarjetas porque, según el ente comicial, ocurrieron extemporáneamente.
Por varias semanas, expertos advirtieron que la división opositora favorece a los candidatos del oficialismo.
Durante tres años, la oposición boicoteó los procesos electorales en Venezuela denunciando ausencia de condiciones y garantías electorales; muchos dirigentes fueron inhabilitados y las tarjetas de las organizaciones política fueron ilegalizadas.
En 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió fallos que llevaron a la suspensión de las directivas de los partidos políticos más importantes de Venezuela, imponiendo a figuras consideradas aliadas del chavismo que, desde entonces, han hecho uso de esos símbolos y tarjetas electorales.
Analistas coinciden en que el escenario más probable es que el gobierno triunfe en el proceso electoral y obtenga la mayoría de los cargos a elegir, por lo que consideran prudente que la oposición evalúe cuál será la respuesta que ofrecerá al país un día después de los comicios.
Durante los últimos meses, el Foro Cívico, plataforma que reúne a diversas instituciones y representantes de la sociedad civil de la sociedad venezolana, insistió en la necesidad de restablecer el poder integral del voto como expresión de la voluntad popular y expuso que los venideros comicios deben entenderse como el inicio “de la restitución del derecho a elegir y a ser electo”.
Son los primeros comicios organizados por la nueva directiva del CNE designada en mayo de este año y que surgió producto de negociaciones políticas. Dos de los cinco rectores son considerados afines a la oposición.
El presidente Nicolás Maduro ha hecho llamados a votar y, a pesar de que el oficialismo actualmente ocupa la mayoría de las alcaldías y gobernaciones en el país, ha dicho que con los funcionarios electos irán “a los proyectos y soluciones concretas para el pueblo”.
Nota de VOA.
