Cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la semana pasada como un logro importante en su plan de combate a las pandillas la apertura de “la cárcel más grande de toda América”, acompañada de la imágenes coreografiadas de miles de pandilleros trasladados al centro -proporcionadas por la prensa oficial- la comunidad internacional no pasó desapercibido el hecho.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo, como ha bautizado el gobierno salvadoreño la megacárcel ubicada en el centro del país, es en sí uno de los recintos más grandes del planeta y el de mayor proporción, según registros del World Prison Brief, que compila la información oficial de centros carcelarios en todo el mundo.
En un artículo de opinión publicado por The Washington Post el fin de semana reciente, el analista León Krauze considera que dadas las condiciones socioeconómicas y políticas del país “la escala de la nueva prisión de El Salvador es difícil de comprender”.
Para Krauze, al poner en operaciones “una enorme cárcel ‘del primer mundo’” con capacidad para albergar unos 40.000 reclusos deja muchas preguntas y llama a comparar los proyectos carcelarios más grandes del planeta y sus implicaciones.
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El Salvador, de acuerdo con los datos que maneja la organización World Prision Brief, tiene en promedio 605 prisioneros por cada 100.000 habitantes, le sigue Ruanda, en África con 580 reos por cada 100.000 habitantes, y la creación de la megacarcel, a razón del espacio, no resolvería el problema de hacinamiento carcelario en el país centroamericano.
“La realidad es que la escala del proyecto desafía el sentido común y la fácil comprensión. Y las implicaciones sociales del esfuerzo no son menos sorprendentes. Los ciudadanos de El Salvador han aceptado tácitamente la represión sin precedentes de Bukele contra el crimen y, al menos por el momento, están ignorando sus ramificaciones más amplias”, apuntó el analista.
Éste, y otros expertos en materia penal en el país centroamericano han visto con reservas este proyecto carcelario que; incluso abogados y defensores de derechos humanos en El Salvador lo han comparado con “un campo de concentración” y ven la megacárcel como parte de “una narrativa para justificar el poder absoluto”.
El tamaño, las cifras y las críticas
Cuando la infraestructura ya terminada fue visitada por Buekele, bajo un enorme despliegue de seguridad –antes del traslado de unos 2.000 pandilleros- para mostrar el interior del recinto a los salvadoreños y al mundo, el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna Meza, mostró orgulloso las máquinas de rayos X, torres de vigilancia y el “área de aislamiento extremo”, donde los reos estarán en completa oscuridad, una práctica rechazada por la comunidad internacional para el trato de prisioneros.
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Cabe señalar que Luna Meza y otros funcionarios del gobierno salvadoreño figuran en la larga lista de sancionados centroamericanos por parte de Estados Unidos como «actores corruptos y antidemocráticos».
“No verán la luz del día, señor presidente”, acotó Luna Meza en la visita, y Bukele ha dicho más tarde a las dos pandillas rivales que por décadas se disputaron franjas de territorio del país con una estela de asesinatos que “esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin hacerle más daño a la población”.
Roces con otros gobiernos
El encarcelamiento masivo de salvadoreños ha generado también roces con otros gobiernos como el de Colombia, el presidente Gustavo Petro y su homólogo salvadoreño subieron el tono entre dimes y diretes en la relación diplomática esta semana ante la situación carcelaria y de seguridad.
Petro dijo a los colombianos que “ustedes pueden ver en redes las fotos terribles —no me puedo meter en otros países— del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos”.
El mandatario colombiano consideró que el camino para disminuir la criminalidad y las tasas de homicidios debe incluir la educación y la creación de oportunidades.
Bukele ha respondido que “los resultados pesan más que la retórica” y retó a Colombia a bajar los índices de homicidios “como lo hemos logrado los salvadoreños”.
Durante el régimen de excepción en El Salvador y las detenciones masivas de salvadoreños, organizaciones de derechos humanos han documentado más de un centenar de fallecidos dentro de las cárceles, así como cientos de casos de jóvenes detenidos sin tener vinculación con pandillas, el gobierno llegó a reconocerlo como un margen de error en sus operaciones.
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Analistas han precisado también que las estadísticas oficiales de El Salvador mostraron después de un pico de homicidios en 2015, cuatro años antes del arribo de Bukele al poder, una paulatina baja de los asesinatos en ese país, que llegaron a mínimos históricos en 2020, entre la emergencia por la pandemia de COVID- 19 y un supuesto plan de negociación entre el gobierno y las pandillas para reducir los crímenes, según investigaciones periodísticas.
No obstante, el plan habría fracasado por desacuerdos que llevaron a una matanza indiscriminada de cerca de un centenar de salvadoreños en un solo fin de semana por la Mara Salvatrucha (MS-13), lo que llevó a la declaratoria del Estado de excepción que desde marzo de 2022 impera en ese país y que facilita el encarcelamiento de miles de salvadoreños.
