LIMA — El Congreso de Perú aprobó el miércoles a primera hora de la tarde la vacancia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, en una votación que contó con 101 votos a favor de la medida.
«Defendiendo nuestra democracia y la Constitución, el #PlenoDelCongreso aprobó, con 101 votos a favor, la vacancia contra el presidente Pedro Castillo», informó el Congreso por medio de un tuit. Más tarde, también compartió en redes la resolución que declara la vacancia Castillo.
#CongresoInforma l Compartimos la resolución del Congreso que declara la vacancia presidencial de Pedro Castillo Terrones. pic.twitter.com/cwawUZG9b1
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 7, 2022
La decisión tuvo lugar poco después de que Castillo anunciara en horas de la mañana la disolución del Congreso, en un momento en que enfrenta varias acusaciones por actos de corrupción.
Durante la sesión plenaria, la vicepresidenta Dina Boluarte, cuya asunción al poder está prevista para esta misma tarde, rechazó además la decisión de Castillo de suspender el Congreso.
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“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, aseguró Boluarte.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional señalaron que el artículo 134 de la Carta Magna señala claramente las causales de cierre del Parlamento. “Cualquier acto contrario al orden constitucional, constituye una infracción”, indicaron.
Castillo, bajo custodia policial
Tras la decisión del Congreso, Castillo fue detenido por la Policía cuando abandonaba el Palacio de Gobierno. El ya expresidente de Perú fue trasladado a la prefectura de Lima, a donde llegó la fiscal general, Patricia Benavides, para recoger sus descargos por haber tomado la decisión de disolver el Parlamento.
Castillo se encuentra acompañado por Aníbal Torres, quien se desempeñó como su ministro de Justicia y titular del Consejo de Ministros hasta hace unas semanas. Benji Espinoza y Eduardo Pachas, quienes eran sus abogados en los diversos procesos en la Fiscalía, renunciaron tras el anuncio del expresidente de disolver el Congreso.
Fuentes del Ministerio Público señalaron a la Voz de América que la Fiscalía General solicitará la prisión preventiva para Castillo por el presunto delito de conspiración al tratar de cerrar el Parlamento, cuya pena de cárcel podría ser de 20 años. Además, las seis investigaciones por casos de corrupción de su gobierno avanzarán más rápido.
La tesis del Ministerio Público es que Castillo sería el presunto jefe de una organización criminal «enquistada» en el Estado por los casos Puente Tarata III y Petroperú. También estarían involucrados sus exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).
Castillo también es investigado por ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado; así como por un «presunto encubrimiento» para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría.
Con información de la Voz de América
