El hondureño Antonio Zelaya es el principal sospechoso de asesinar a su pareja Aleida Vallecillo Murillo, de 20 años y su suegra, María Gómez Murillo, de 45 años, en la comunidad La Unión del municipio de Wiwilí, en el departamento de Jinotega.
El doble crimen ocurrió la noche del viernes 18 de noviembre. Vecinos de la zona expresaron que el hombre llegó a la casa de su pareja y luego de sostener una discusión asesinó a machetazos a la joven, y a su suegra por intentar intervenir en el altercado.
El agresor, después de cometer el doble crimen se dio a la fuga. Pobladores comentaron que Zelaya es originario de Honduras, pero tenía varios años de residir en Nicaragua y se presume que huyó hacia la zona montañosa.
54 femicidios en lo que va del 2022
Con este doble asesinato, el número de femicidios incrementó a 54 tanto en Nicaragua como en el extranjero y al menos 155 femicidios en grado de frustración, según datos del organismo Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
A inicios del mes de agosto, el Gobierno promocionó en todos sus sitios oficiales un cartilla para prevenir el femicidio y continúa reabriendo las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, que fueron cerradas en 2016 por reformas a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, Código Penal.
Las defensoras feministas, sin embargo, coinciden que esas acciones no compensan la ausencia de leyes, estrategias y políticas públicas adecuadas para prevenir la violencia contra la mujer, garantizar justicia efectiva y acompañamiento adecuado a las víctimas.
A la desprotección contra las mujeres también se le suma el cierre de organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en prevención de violencia y en la búsqueda de justicia.
Organismos que trabajan por los derechos de las mujeres también expresaron que el Gobierno promueve la impunidad de la violencia machista, otorgando indultos a violadores y femicidas.
