*Dicha propuesta de ley violenta los derechos de los nicaragüenses dentro y fuera del país, insisten diputados liberales y consultor de medios de comunicación.
Redacción IP Nicaragua
El dictamen del anteproyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida como «Ley Mordaza», fue aprobada este miércoles en las comisiones encargadas del proceso, quedando lista para ser aprobada próximamente en el plenario de la Asamblea Nacional.
La iniciativa de la «Ley Mordaza» fue presentada el pasado 28 de septiembre por la bancada sandinista y este 21 de octubre fue dictaminada por las comisiones de Justicia, Educación y de Servicios Públicos.
En las últimas semanas, el anteproyecto de Ley Especial de Ciberdelitos ha sido debatido por las comisiones, sin embargo, el texto de la iniciativa original no sufrió cambios, por lo que según opositores y especialistas en el tema, se instaurará el sistema de persecución, censura y cárcel para los medios de comunicación y ciudadanos por lo que publiquen en redes sociales, una vez que el gobierno de Daniel Ortega las considere «noticias falsas» que «generen crímenes de odio» y amenacen la «estabilidad económica y social de Nicaragua».
De acuerdo con diputados de la bancada liberal, el documento aprobado por los parlamentarios sandinistas, que son mayoría (70 de 91 diputados) en la Asamblea Nacional, sería enviado este mismo miércoles a la Primera Secretaría, para que sea incorporado en la agenda en el momento que sesionen los legisladores.
Cárcel para los que critiquen y denuncien
La «Ley Mordaza» establece entre uno y 10 años de cárcel para los ciudadanos que se les imputen ciberdelitos. Es decir, las publicaciones en las plataformas digitales y medios de comunicación que critiquen las gestiones del gobierno de Ortega.
Esta ley también facultará a la Policía Nacional, a Telcor y a la Fiscalía, para que intervengan los sistemas informáticos de las empresas, organizaciones y medios de comunicación.
Asimismo, podrán decomisar las bases de datos y acceder a la información de celulares, computadoras y cualquier equipo tecnológico.
Para Guillermo Medrano, consultor y coordinador de programas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Ley Especial de Ciberdelitos tiene como único objetivo censurar a toda persona, ya sea jurídica o natural, no solo que critique, sino también que denuncie los casos de violaciones de derechos humanos que ocurran en el país.
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«Esta ley no solo perjudicará a los medios de comunicación, sino también a cualquier ciudadano que utilice el internet», advirtió Medrano.
PLC votó en contra
Los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez Martínez y Jimmy Harold Blandón Rubio, integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, así como María Fernanda Flores Lanzas y Léster Adrián Villareal Pérez, integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, así como Reynaldo Altamirano Alaniz y Jimmy Blandón Rubio, de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, votaron en contra del anteproyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, porque consideran que esta iniciativa atenta contra los derechos de todos los ciudadanos nicaragüenses.
En un escrito presentado por los diputados liberales, titulado «voto razonado en contra del dictamen favorable de la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos», los parlamentarios liberales expresan que se oponen en particular al artículo 30 de la «Ley Mordaza», dictado por la mayoría de diputados oficialistas, pues consideran que el mismo violenta los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses a la libertad de expresión, establecidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución Política.
Señalan que dicho artículo «viene a crear obstáculo a la labor que ejercen en general los distintos medios de comunicación social, impresos, radiales, televisivos y digitales».
Agregan que también afecta a la población en general, pues a los ciudadanos dentro y fuera del país se les inhibe del derecho de denunciar a través de cualquier medio de comunicación, las anomalías y arbitrariedades que cometan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
