Amnistía Internacional advirtió que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó en 2024 un régimen basado en el miedo, la persecución y la impunidad, en el que cualquier forma de crítica puede traducirse en prisión, exilio o desaparición. Así lo revela su informe anual “La situación de los derechos humanos en el mundo”, donde Nicaragua figura entre los países con mayores retrocesos en libertades fundamentales.
El documento detalla que el régimen continuó despojando de la nacionalidad a opositores, expulsando a líderes religiosos y persiguiendo a periodistas y defensores de derechos humanos. Entre enero y septiembre de 2024, al menos 151 personas fueron detenidas por motivos políticos y más de 135 fueron expulsadas a Guatemala tras haber estado en prisión.
“Se seguía expulsando, privando de la nacionalidad y sometiendo a detención arbitraria a disidentes”, afirma el informe, que subraya además la falta total de garantías judiciales.
Amnistía señala que la represión se extiende a todos los sectores críticos: universidades clausuradas, más de 5.000 organizaciones cerradas desde 2018, y censura sistemática a medios independientes. De hecho, al menos 276 periodistas han huido del país entre 2018 y 2024, muchos de ellos bajo amenazas de muerte o riesgo de desaparición forzada.
Uno de los casos más emblemáticos del año fue la expulsión de 16 representantes de la Iglesia católica, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, quien había estado más de un año en prisión. A finales de 2024, aún permanecían 45 personas encarceladas por razones políticas.
Pueblos indígenas y afrodescendientes, en el blanco de la represión
El informe dedica especial atención a las graves violaciones contra pueblos indígenas y afrodescendientes, víctimas de desplazamientos forzados, ataques de grupos armados y criminalización de sus líderes. El dirigente miskitu Brooklyn Rivera fue detenido y su paradero sigue sin ser revelado. Amnistía lo declaró preso de conciencia en diciembre.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Nicaragua por violar los derechos territoriales y culturales de comunidades indígenas, señalando la falta de consulta en proyectos extractivos y la impunidad en los casos de violencia.
Tortura, impunidad y abandono
La organización también denuncia el uso de tortura y malos tratos en las cárceles, condiciones precarias para personas presas políticas, y un sistema de salud totalmente politizado que castiga a quienes se oponen al régimen.
“La impunidad sigue imperando en Nicaragua, a pesar de los llamados reiterados de la comunidad internacional”, advierte Amnistía.
La ejecución extrajudicial del periodista Ángel Gahona, en 2018, sigue sin justicia, pese a que en julio de 2024 la CIDH presentó el caso ante la Corte IDH.
Llamado a la acción internacional
Amnistía Internacional urge a los Estados y organismos multilaterales a no normalizar la relación con la dictadura de Ortega y Murillo y a seguir promoviendo mecanismos de rendición de cuentas, protección a víctimas y monitoreo internacional de la situación.
