Despojo de nacionalidad genera condena internacional. Ya suman 317 los nicaragüenses declarados apátridas

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó el despojo de la nacionalidad y derechos ciudadanos «de forma perpetua» a otros 94 nicaragüenses.

Los nicaragüenses fueron acusados por el Ministerio Público del supuesto delito de «traición a la patria»,  según resoluciones dadas a conocer el 15 de febrero por jueces sandinistas de Distritos Penales de Audiencias de la Circunscripción Managua.

«Nuestra condena total. Quitar la nacionalidad a una persona por sus opiniones es contrario a todo derecho y es otra forma de tortura ejercida por la dictadura en Nicaragua», expresó Almagro en su cuenta de Twitter.

El régimen de Daniel Ortega también ordenó «la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades, que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos».

Un acto «deplorable»

Además, a los 94 nicaragüenses se les declaró «prófugos de justicia», según resoluciones.

En la lista de los 94 despojados de sus nacionalidad se encuentran periodistas, directores de medios de comunicación, activistas, feministas, políticos, religiosos y defensores de derechos humanos. Ya suman 317 los nicaragüenses declarados apátridas, incluido monseñor Rolando Álvarez.

Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, también condenó las acciones del régimen de Nicaragua de quitarle la nacionalidad a otros 94 ciudadanos nicaragüenses.

«Este acto deplorable aleja más a los nicaragüenses de la democracia que se merecen”, sostuvo Nichols.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), señaló que les causa alarma la información que reciben sobre la decisión «arbitraria del Estado (de Nicaragua) de declarar traidores a la patria a 94 personas sin siquiera un juicio, de despojarlas de su nacionalidad y patrimonio, declararlas prófugos de la justicia».

Por lo que condenó de la “manera más enérgica esta nueva ola de violaciones a los derechos humanos” e hizo un llamado al régimen a”cesar de inmediato la persecución y represalia contra defensores de derechos humanos y voces disidentes, y restituirles todos sus derechos y libertades”.

Así reaccionaron los nicaragüenses despojados de su nacionalidad

El director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, calificó el despojo de su nacionalidad como «acciones delictivas».

Chamorro señaló que el régimen «está afirmando que, desde hace muchos años, Nicaragua dejó de ser una sociedad en la que se respeta la ley y la Constitución, para imponer la ley de la venganza, el capricho y el odio contra los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad libre».

«Así como en 2018 masacraron al pueblo, igual que en 2021, cuando anularon el derecho a elegir y ser electos eliminando la competencia en las elecciones, ahora —al imponer la ley de la selva— Ortega y Murillo están cavando su propia tumba al exhibir la enorme debilidad política de su régimen dijo Chamorro este miércoles durante el programa Esta Noche.

«Los castigos a perpetuidad son apenas una ilusión en la cúpula de la familia gobernante, mientras todo el pueblo de Nicaragua sabe que el tiempo de la dictadura se está agotando. Nicaragua necesita con urgencia un cambio, un cambio con democracia, justicia, sin impunidad», argumentó el periodista.

Asimismo, el periodista y director de Radio Darío, exiliado en Estados Unidos, Aníbal Toruño, manifestó que «el prófugo de la justicia y traidor a la patria Daniel Ortega en su furia y odio desenfrenado olvida que mi nacionalidad y mi dignidad no son objeto de confiscación». Y apuntó que «mi lucha sigue, lo material se repone, la moral es inquebrantable».

El defensor de derechos humanos y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, dijo que su «orgullo de ser nicaragüense» no se lo quita nadie, menos quienes lo incluyeron en esa lista de supuestos «traidores a la patria» y lo declararon «prófugo de la justicia».

«Con orgullo, con el pecho abierto, sin un fusil asesino y sin un arma en la mano, con la verdad y la razón les digo: llegará el tiempo para el pueblo nicaragüense, para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, para el dolor de todo un pueblo, para el más de medio millón que han salido fuera del país forzados por ese sistema de persecución. Les digo a la familia criminal y a sus cómplices… Aquí estoy firme y digno», expresó el defensor.

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio José Báez, exiliado en Miami, Estados Unidos, a través de su cuenta en Twitter, agradeció a Dios por ser nicaragüense, «un orgullo que nadie podrá arrebatarme», recalcó.

El padre Edwin Román, también exiliado en Miami, dijo que orgullosamente es nicaragüense y que «se equivocan los dictadores de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega, que me van a despojar de mi nacionalidad con un vulgar escrito. Yo no entrego ni vendo la soberanía de mi país, ni a los rusos, ni a los chinos. Volveré en libertad».

El exfuncionario del Poder Judicial y experto en Administración de Justicia, Yader Morazán, también se pronunció al despojo de su nacionalidad y señaló que «no me sorprende el último movimiento que ha hecho el régimen de quitarnos la ciudadanía, de declararnos personas non grata, prófugos de la justicia, de perseguir bienes y abrirnos un proceso en Nicaragua». A la vez criticó el rol de los jueces y magistrados.

Por su parte, Arturo Mcfields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y ahora critico del régimen, dijo que «le doy gracias a Dios porque la dictadura de Nicaragua me ha declarado traidor a la patria (…) le doy gracias a Dios porque eso significa que estamos haciendo una lucha no con odio, sino con amor, porque en Nicaragua vuelva la democracia».

Los 94  «nuevos apátrida», se suman a los 222 excarcelados políticos y desterrados a Estados Unidos y despojados de su ciudadanía hace una semana y al obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel el pasado 10 de febrero, por negarse a abandonar el país.

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