Desde 2018, las mujeres activistas, feministas y defensoras de derechos humanos en Nicaragua se convirtieron en blanco de ataque del régimen de Daniel Ortega, tras la brutal represión que se ejecutó desde abril de ese año en el país.
La activista y defensora de derechos humanos, Haydée Castillo, en entrevista con IP Nicaragua afirmó que los ataques, la persecución, estigmatización y criminalización en contra de las mujeres defensoras de derechos humanos incrementó brutalmente tras la crisis de 2018.
No obstante, según Castillo, ese sistema represivo se aplica en Nicaragua desde el año 2000, es decir no es nuevo.
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«El régimen Ortega Murillo con la complacencia de un clan de partidos políticos zancudos, con algunos pastores de las iglesias evangélicas, y recordamos pues, a un cardenal de la Iglesia católica (Miguel Obando y Bravo), también con la complacencia de la empresa privada instauraron un sistema en Nicaragua que a partir del pacto, Alemán-Ortega del 2000 inició todo un proceso de desmontaje de la institucionalidad democrática», dijo Castillo, actualmente en el exilio.
Castillo señaló que régimen ve a las defensoras de derechos humanos como una «amenaza a sus pretensiones de convertirse en una dinastía, que en Nicaragua no haya respeto ni a las leyes, ni a la Constitución y que sea realmente una dictadura que gobierna apunta de prebendas y castigo».
Castillo sostuvo que todo esto «es lo que explica por qué todo el movimiento de defensoras y defensores de derechos humanos ha sido un blanco de ataques del régimen».
Defensoras de derechos humanos «perseguidas por defender y resistir»
Una investigación titulada “Perseguidas por defender y resistir: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, México y Nicaragua”, presentada por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), muestra la realidad de las mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua.
“En el marco de la deriva totalitaria emprendida desde abril de 2018 por el gobierno de Daniel Ortega, la criminalización ha sido uno de los principales instrumentos para perseguir a la disidencia y a las defensoras de derechos humanos», señala el informe.
El documento menciona y hace una dedicatoria a la actual presa política nicaragüense, Tamara Dávila, quien participó en el estudio y al momento de su publicación ha cumplido más de un año privada de libertad, en total aislamiento.
Arrestos arbitrarios
La investigación se desarrolló en 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, a partir de los testimonios de 28 «defensoras nicaragüenses criminalizadas”, indica el informe.
IM-Defensoras y Cejil reportaron que entre 2018 y 2019 se registraron 107 agresiones vinculadas a procesos de criminalización de defensoras, entre las que se incluyen 84 detenciones ilegales y arrestos arbitrarios, así como 23 procesos de judicialización.
El registro mesoamericano determinó que en 2020, al menos 39 mujeres enfrentaron detenciones arbitrarias o el inicio de causas penales o procesos administrativos en su contra, pero un año después, en 2021, el número de defensoras que afrontaron esta situación aumentó en un 42 por ciento, siendo 59 las que enfrentaron este tipo de agresiones.
Es decir, que la criminalización en contra de ellas es una constante por parte del régimen nicaragüense.
En esa misma línea, la investigación resalta que en el 2021, cuando en Nicaragua se celebraron las polémicas elecciones presidenciales, la violencia y criminalización en contra de nicaragüenses “recrudeció”.
Tan solo en 2021, 54 personas fueron privadas de su libertad y pasaron a engrosar la lista de quienes ya estaban en la misma condición.
«En agosto de 2022 se contabilizan 190 personas presas políticas, 18 de ellas son mujeres, varias de las cuales son defensoras de derechos humanos”, indica el informe.
Niegan ingreso y son declaradas “apátridas”
Los organismos remarcan que el régimen también hace uso del derecho administrativo para obstaculizar el trabajo de las mujeres defensoras, así como la imposición de controles estrictos y arbitrarios para la constitución de sus organizaciones o para garantizar la continuidad del funcionamiento.
Tal situación indican que no solo “obstaculiza el acceso al financiamiento o la posibilidad de mantener activas sus cuentas bancarias, sino que en muchas ocasiones las ha llevado a trabajar en la clandestinidad”.
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En el caso de las defensoras de derechos humanos extranjeras se ven directamente afectadas al momento en que el régimen les niega la entrada al país de manera arbitraria y a la vez por “la demora arbitraria en sus trámites para obtener o renovar sus permisos de residencia”.
Retenciones de pasaportes
En cuanto a las defensoras nacionales, afirman que el régimen utiliza acciones de represión migratoria y ejemplifican que esto ocurre cuando les niegan poder salir del país, las retenciones de sus pasaportes, la imposibilidad de renovarlo cuando se encuentran fuera del país, la expulsiones e incluso el destierro mediante la negativa a permitirles la entrada en su país, lo que las deja en condición de “apátridas”, tal fue el caso de la activista Ana Quirós.
«Nadie se imagina a sí misma como una desterrada, hasta que le toca», expresó Quiros.
La activista de derechos humanos denunció que en Nicaragua «hay una gran persecución, hay un enorme acoso permanente, hay una vigilancia sistemática en contra de las mujeres líderes. Algunas han sido directamente amenazadas, hay temor, hay compañeras que han tenido que dejar el país porque el nivel de acoso llegaba incluso hasta amenazas de cárcel y muerte».
Represión migratoria
Se identificó que hasta agosto de 2022 al menos 135 personas sufrieron algún tipo de represión migratoria.
De estas, 82 son mujeres (casi el 61 por ciento) y la IM-Defensoras registró que 72 por ciento de estas y 42.7 por ciento del total son defensoras, activistas o familiares de defensoras o activistas, refiere el informe.
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A la vez, la investigación enfatiza en cómo la criminalización va más allá de los procesos de judicialización y se manifiesta a través de una multiplicidad de violencias como señalamientos, estigmatización, hostigamientos, cancelación de organizaciones, muerte civil, represión migratoria o destierros, entre otras, que “tienen graves impactos sobre las vidas y las luchas de la defensoras y sus familias”.
«En el caso de las defensoras que venimos de movimientos feministas y que empezamos a articularnos a finales de los ochenta, inicios de los noventa, como un movimiento social independientes autónomo y que además pudimos acompañar a Zoilamérica Ortega Murillo en su demandan contra Daniel Ortega, ha tenido grandísimos costos porque ha habido un ensañamiento de la pareja dictatorial en particular para las líderes, para las defensoras que estamos y somos parte de del movimiento feminista», dijo Castillo.
