Redacción / IP Nicaragua
El Consejo Supremo Electoral (CSE), reiteró en un reciente comunicado a los partidos políticos y alianzas de partidos que no deben inscribir como candidatos o candidatas en el proceso electoral del próximo 7 de noviembre a quienes no cumplan con lo dispuesto en la Constitución Política del país y a las demás polémicas leyes restrictivas aprobadas por el oficialismo a finales de 2020.
En un comunicado el Poder Electoral, advierte que «no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de selección en el presente proceso electoral, quienes no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido de conformidad a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley número 1040) y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (Ley número 1055)».
Ambas legislaciones descalifican a los opositores que el gobierno de Daniel Ortega califica como «golpistas» y «traidores de la Patria».
«Yo siempre he sido un gran creyente en que la democracia, es lo que puede garantizar la prosperidad en Nicaragua. Cuando yo entré a esta contienda fui muy claro, dije que yo no voy a ser parte de una farsa electoral «, dijo el precandidato presidencial Arturo Cruz a través de su cuenta de Twitter.
Acuerdo del CSE es un «chantaje
Al respeto el CSE agrega que, tampoco podrán participar en procesos de selección popular «las o los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe o intento de golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la inferencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento extranjero, para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, al igual aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos».
«Este acuerdo es un claro chantaje, porque amenaza a los partidos con aplicarles la misma receta de cancelación de personería jurídica que ya le aplicó al PRD (Partido de Restauración Democrática) que era la casilla de la Coalición Nacional», dijo el opositor y aspirante presidencial, Félix Maradiaga.
Según Maradiaga, la nueva estrategia de Ortega de inhibir a candidatos es un mecanismo al que recurre porque «le tiene miedo a un proceso electoral libre y desde ya quiere sacar del proceso electoral a cualquier candidato que tenga amplio respaldo popular”.
Lo que pide el CSE
En el acuerdo difundido la noche del jueves, el CSE agrega que para ostentar a cargos populares, como el del presidente o presidenta; y vicepresidente o vicepresidenta los candidatos deben ser nacional de Nicaragua y recuerda que quien hubiese adquirido otra nacionalidad deberá haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de verificarse la elección.
Por otro lado, establece que el candidato o candidata debe estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; haber cumplido 25 años de edad; y haber residido de forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante dicho período cumpliere misión diplomática, trabaje en organismos internacionales o realice estudios en el extranjero.
«Si continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso. Mi compromiso es con un proceso competitivo, si esa posibilidad se desvanece, hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio», manifestó Cruz.
