El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en un breve comunicado publicado este 13 de febrero en sus redes sociales «agradece al Gobierno» de Daniel Ortega y Rosario Murillo la «la decisión unilateral de liberar a 222 presos políticos, entre ellos siete miembros» de esta organización.
«Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al pueblo y gobierno de los Estados Unidos, por recibirlos y brindar todas las atenciones. Creemos que este fue un paso grande para iniciar la unidad de la familia nicaragüense», señala el escueto comunicado.
Los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, quienes fungían como presidente y vicepresidente respectivamente hasta el 21 de octubre de 2021 cuando fueron detenidos están en la lista de los «siete miembros» a los que hace referencia el comunicado, pero sin mencionar nombres.
Tanto Healy como Vargas eran miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y participaron en el primer diálogo nacional en mayo de 2018, cuando el régimen ordenó a la Policía y sus paramilitares reprimir a la ciudadanía.
Una vez que fueron encarcelados, el empresario del sector energético, César Zamora asumió la presidencia del Cosep.
Zamora se caracteriza por ser un defensor de la alianza que por años mantuvo el sector privado con el régimen de Ortega y Murillo.
Los otros desterrados del Cosep
El expresidente de la cúpula empresarial, José Adán Aguerri, quien estuvo al frente del Cosep durante 13 años es otro de los desterrados por el régimen nicaragüense.
El exdirigente del sector privado de Nicaragua, fue detenido en horas de la noche del 8 de junio de 2021, en medio de una escalada represiva del régimen contra el sector opositor.
Aguerri, que también participó en el diálogo de 2018, había sido condenado a 13 años de cárcel por el supuesto delito de «traición a la patria».
Otros miembros del Cosep que fueron desterrados son Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa; Juan Sebastián Chamorro y Luis Rivas Anduray.
El régimen nicaragüense excarceló y expulsó el pasado 9 de febrero a Estados Unidos a un grupo de 222 presos políticos, incluido siete opositores que intentaron disputar la presidencia a Ortega, todos estuvieron en prisión por traidores a la patria.
