* “A partir de que la misma entre en vigencia en nuestro país será delito y considerado como un criminal quien ‘propague noticias falsas o tergiversadas utilizando las TIC, para producir alarma, temor, zozobra en la población…”
Redacción IP Nicaragua
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) opinó este jueves que la recién aprobada Ley Especial de Ciberdelitos “tipifica una serie de delitos que criminalizan la utilización de las redes sociales y medios de comunicación independientes que se utilizan legítimamente para la denuncia de violaciones a los derechos humanos y los abusos del estado”.
“En este sentido, bajo la discreción del gobierno y sus órganos represivos a partir de que la misma entre en vigencia en nuestro país será delito y considerado como un criminal quien ‘propague noticias falsas o tergiversadas utilizando las TIC (tecnologías de la información), para producir alarma, temor, zozobra en la población; perjudicar el honor, prestigio o reputación de una persona o su familia; e incitar al odio y la violencia, poner en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana’; todo en franca violación a los derechos constitucionales que tutelan derechos fundamentales a libertad de expresión, conciencia y pensamiento; que garantizan la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información y habilitan al derecho ciudadano, a la denuncia pública”, expresó la organización gremial.
De acuerdo con el Cosep, la ley aprobada, además, desarrolla y habilita a los órganos de gobierno para utilizar a su discreción métodos coercitivos penales al establecer procedimientos, medidas cautelares y procesales que tendrán naturaleza confiscatoria. Asimismo “afectarán el funcionamiento y obligaciones de empresas privadas de comunicación; violentaron derechos de privacidad y confidencialidad constitucional de los ciudadanos; violará acuerdos y cláusulas comerciales internacionales vigentes; habilitará a operadores judiciales que responden partidariamente al gobierno a actuar con amplia discrecionalidad que afectarán el servicio público privado de las telecomunicaciones y la información de sus clientes; obligará a los prestadores de servicios a realizar inversiones económicas en detrimento de su rentabilidad y operatividad; impondrá obligaciones qué son técnicamente imposibles de realizar con el eventual efecto de perjudicar en forma severa los servicios y afectar la integridad de las redes y sistemas de privados de telecomunicaciones; todo en franca violación del derecho constitucional a la libre empresa y el pleno ejercicio de las actividades económicas”, concluye la organización empresarial.
Según el Cosep, el Gobierno está haciendo uso una vez más de todo los poderes e instituciones del estado para garantizar mayor control de la disidencia política y el cierre de los espacios cívicos, así como anular las presiones nacionales e internacionales para la realización de reformas electorales que permitan acordar la celebración de las elecciones del 7 de noviembre de 2021. Asimismo, lo acusa de incumplir con su obligación de liberación de todos los presos políticos y asumir su responsabilidad de restablecer en forma plena derechos y garantías ciudadanas de todos los nicaragüenses.
En el punto 6 del comunicado, el Cosep llama al gobierno a que le muestras de voluntad política de actuar en función de los intereses nacionales y no de su partido, pero no menciona si en este caso interpondrá algún recurso por inconstitucionalidad de esta ley como va hecho en otras ocasiones.
La organización gremial recordó que el 29 de septiembre pasado denunció que estaba por aprobarse un nuevo instrumento de represión ciudadana, pero aun así se aprobó la mencionada ley de ciberdelitos.
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“Al aprobarse la ley queda en evidencia que la misma estará siendo utilizada no con fines de interés público, como lo hacen los países que se gobiernan bajo las reglas de un estado de derecho y de respeto a la institucionalidad democrática, sino con fines meramente políticos partidarios al introducir ilícitos penales que se vinculan con el discurso estigmatizante y amenazante recurrente del gobierno contra toda expresión de protesta y disenso ciudadano; todo con el único fin antidemocrático de acallar y reprimir a quienes se lo ponen cívicamente”, subrayó el sector empresarial.
Foto portada: El Nuevo Diario.
