CNU toma control de la UCA

El CNU dijo «que trabaja para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y posgrado de la extinta Universidad Centroamericana (UCA)”.

Luego que el régimen confiscara este miércoles todos los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA), el Consejo Nacional de Universidades (CNU) emitió un comunicado asegurando que trabaja para garantizar la continuidad de esta alma mater.

«El Consejo Nacional de Universidades (CNU), rector del subsistema de Educación Superior, hace del conocimiento público que trabaja para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y posgrado de la extinta Universidad Centroamericana (UCA)”, se lee.

Dijo además que «por lo anterior, solicitamos al estudiantado estar pendiente del llamado que oportunamente les hará el Consejo Nacional de Universidades, para la reanudación de las actividades académicas y administrativas”.

Acusan a la UCA de «terrorismo»

Este miércoles la UCA confirmó oficialmente la incautación de sus bienes inmuebles y cuentas bancarias, tras acusaciones del régimen de que funcionó como un «centro de terrorismo».

«Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando a grupos delincuenciales», se lee en la comunicación interna que circularon las autoridades universitarias.

Tras conocerse la información, el personal docente y administrativo fue despachado a sus hogares, según confirmó IP Nicaragua.

El martes, 15 de agosto, a las 5:29 minutos de la tarde, la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, notificó a las autoridades de la universidad.

La incautación incluye los «bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA”, los que pasan a favor del Estado de Nicaragua.

El comunicado describe que el Estado «garantizará la continuidad de todos los programas educativos”.

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