Redacción / IP Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron las acciones de hostigamiento en contra de la iglesia católica de Nicaragua, que incluyó la orden de eliminar al Canal Católico.
El organismo llamó al Estado a poner fin a “la represión y garantizar el pluralismo de voces y contenidos en los medios de comunicación” y exigió se restablezca el permiso de transmisión del Canal Católico.
El 20 de mayo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) –ente regulador de las comunicaciones en el país—ordenó a las operadoras de televisión por cable eliminar el canal católico de la grilla de programación.
“Si bien la eliminación del canal fue anunciada públicamente por una de las principales empresas de telecomunicaciones del país el pasado 20 de mayo, se habría notificado a al menos otras cuatro grandes operadoras de cable y a un número indeterminado de operadoras locales por lo que, conforme a la regulación vigente, se vieron forzadas a eliminar el mencionado canal”, expresó el organismo en un comunicado este viernes.
El Canal Católico, que fue fundado en 2011, pertenece a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y fue interrumpido mientras transmitía actividades religiosas. Era administrado por monseñor Rolando Álvarez, quien un día antes del cierre del Canal, denunció asedio y persecución policial.
“La orden de Telcor se dio al día siguiente de que el obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí (monseñor Rolando Álvarez) denunciara en sus redes sociales el incremento de acoso y hostigamiento por parte de agentes de la Policía Nacional”, señalaron.
“Además, según la información recibida, habría miedo y hermetismo en las operadoras de cable para dar información adicional sobre la situación”, añaden.
CIDH resalta antecedes y contexto represivo en Nicaragua
La CIDH_RELE expresa que estos hechos ocurren en un contexto de “persecución, acoso, hostigamiento, asedio policial y declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y agentes policiales en contra de integrantes de la iglesia católica”.
La Asamblea Nacional canceló arbitrariamente la personería jurídica de organizaciones vinculadas con la Iglesia Católica, como la Universidad Católica del Trópico Seco y colegios de la diócesis de Estelí.
Asimismo, desde 2018 otros religiosos han denunciado vigilancia y cercos policiales que no permiten el paso de personas para acceder a los templos.
De igual manera, se habría retirado el permiso de permanencia a sacerdotes extranjeros y otros más permanecerían bajo amenaza de ser expulsados.
La orden de excluir al Canal Católico de la grilla de programación podría constituir una «limitación arbitraria a la difusión de religión y creencias».
«Considerando el contexto actual, además una represalia contra la iglesia por su rol de mediador y acompañante de las víctimas de la crisis de derechos humanos», señaló el organismo.
Lo que demandan al Estado
El organismo hace un llamado al Estado para que “cese los constantes ataques contra la Iglesia Católica”.
Asimismo, instan al Estado a abstenerse de “utilizar sus facultades en materia de telecomunicaciones como medida indirecta para limitar o impedir la circulación de información, ideas y opiniones”.
La CIDH_RELE concluye que el Estado debe “reestablecer el permiso de transmisión del Canal Católico y de garantizar de esta forma la diversidad y pluralidad de voces”.
A la vez llaman a las empresas operadoras de televisión, que en concordancia con estándares interamericanos, tomen “todas las medidas posibles para asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión”.
