La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que las vidas del profesor y excatedrático Freddy Antonio Quezada y la del exguerrillero Abdul Montoya Vivas, ambos presos políticos de 65 años que están en «situación de riesgo», por lo que recibieron medidas cautelares.
Las medidas cautelares es un mecanismo de protección de la CIDH por medio del cual el organismo solicita al Estado que «proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable».
En el caso del exguerrillero, Abdul Montoya, la CIDH determinó que el preso político tiene padecimientos crónicos de hipertensión y diabetes, «condiciones que pondrían en alto riesgo su vida».
Aunque, el exguerrillero debe tomar medicamento de manera regular para la «gastritis y acidez y para mitigar los efectos de la mala calidad de la comida» que se le proporciona no recibe las dosis recomendadas, determinó la CIDH.
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«Durante las visitas, sus familiares le llevarían los medicamentos y supuestamente le serían entregados por los custodios día a día, en las mañanas. Ni su familia ni el propuesto beneficiario podrían comprobar si le dan los medicamentos correctos. Asimismo, le revisarían tres veces a la semana su presión, pero los controles serían generales y muy básicos. Tampoco, habría recibido tratamiento especializado para sus afectaciones», señala el organismo de derechos humanos.
CIDH denuncia que presos políticos no reciben sol
Adicionalmente, Montoya Vivas sufre «problemas en la piel por falta de sol, por el calor, la falta de aseo y escasez de agua».
«La piel de sus brazos y piernas estaría áspera, escamosa y le provocaría picazón. También, tendría hongos en los pies. Sus familiares habrían atendido estas afectaciones llevándole medicamentos. Estos malestares habrían empeorado debido a su condición de diabetes», describe el organismo.
En septiembre de 2023, a Montoya Vivas lo condenaron a 23 años de cárcel por los supuestos delitos de “terrorismo”, “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas”.
El caso del exguerrillero se llevó en “secreto” en Managua y el Estado «no habría dado acceso al expediente judicial de este proceso».
Profesor Freddy Quezada en riesgo
El 29 de noviembre de 2023, un grupo de diez personas, ocho de ellas vestidas de oficiales de la policía y dos de civiles, ingresaron a la vivienda del propuesto beneficiario, sin que se presentara una orden judicial.
Fue hasta el 4 de diciembre de 2023 que a la familia se les permitirió el ingreso tanto a la hija mayor como otra familiar que vive con el profesor, para que comenzaran con el proceso de registro y llenado de datos para poder entregarles un carnet y número con el cual pueden identificar al detenido y llevarle los insumos necesarios.
No obstante, la CIDH le otorga las medidas cautelares «tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
