El organismo internacional, también instó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas de protección para que la abogada pueda ejercer su labor de defensa activo.
Redacción IP Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó este lunes 7 de diciembre, medidas cautelares de protección a la abogada defensora de presos políticos Yonarqui Martínez y su núcleo familiar, por el constante asedio, intimación y amenazas que ha sufrido y sigue enfrentando en los últimos tres años.
Estás medidas fueron otorgadas «tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos», argumenta el comunicado de prensa de la CIDH.
En la resolución 92/2020, del organismo internacional que contiene dichas medidas, a solicitud del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, indican que la solicitud fue realizada desde el 20 de agosto de 2019, y refieren que el 11 de febrero de 2020 la CIDH solicitó información y observaciones sobre la solicitud al Estado, pero hasta la fecha no han emitido respuesta.
«Al tomar su decisión, la Comisión valoró que, de acuerdo con la solicitud, la beneficiaria fungiría como abogada y tendría un rol activo en la defensa técnica de personas excarceladas e identificados como «perseguidos políticos», por lo que habría sido objeto de hostigamiento, amenazas y acoso por parte de agentes policiales y fuerzas paraestatales, principalmente cuando realizaba acompañamientos y representación legal de sus clientes», dice el comunicado de la CIDH.
CIDH demanda al Estado adoptar medidas
La Comisión solicitó al Estado adoptar medidas para garantizar los derechos de la vida e integridad de Martínez y su familia, a que sus derechos sean respetados conforme a los estándares que establece el derecho internacional de derechos humanos.
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Además, debido a que actos como el hostigamiento, asedio y amenazas son utilizados, junto a la intimidación, como forma de obstaculizar su trabajo como abogada defensora, la CIDH solicitó medias para que pueda continuar con su labor sin ser víctima de dichos actos.
«Adopte las medidas necesarias para que la beneficiaria Yonarqui de los Ángeles Martínez García pueda desarrollar sus labores como abogada defensora son ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamiento, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas», indica la resolución 92/2020.
Asimismo, la CIDH demandó al Estado de Nicaragua, informar sobre las acciones que serán adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a las medidas, dando 15 días a partir de la fecha de emisión de la resolución para informar sobre las medidas cautelares adoptadas.
