Redacción/ IP Nicaragua
En Nicaragua hay un “agravamiento” de la situación de los derechos humanos que trae consecuencias políticas y democráticas, afirmó la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, en una audiencia virtual en la que se abordó la situación de los derechos políticos en el contexto electoral de Nicaragua
“Hacemos un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que se le exija al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, detener todo acto de persecución de las personas disidentes y restablecer los derechos y libertades que hacen un proceso libre, creíble y equitativo”, subrayó Urrejola.
La presidenta de la CIDH exhortó al actual gobierno de Daniel Ortega a tener un acercamiento con estas organizaciones por el bienestar de la nación. Ningún representante del gobierno estuvo presente en la audiencia.
“Ojalá el Estado (de Nicaragua) nos pueda buscar un día y podamos establecer un diálogo en miras del bienestar del pueblo nicaragüense (…) No permite escuchar al Estado de Nicaragua para conocer qué es lo que está pasando”, dijo.
En la audiencia, que se solicitó previo a la última jornada de represión que vive el país, participarían en calidad de víctimas los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Cristiana Chamorro, quienes están actualmente detenidos.
Cenidh: “Quiebre irreversible de la democracia”
La abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, señaló que los obstáculos más grandes para el país son las acciones incongruentes llevadas a cabo en actual proceso electoral y la constante vulneración a los derechos humanos que lleva como resultado el quebrantamiento de la democracia.
El informe que se presentó este miércoles 30 de junio detalla que los ciudadanos en Nicaragua viven bajo “hostigamientos, vigilancia y persecución intensiva a opositores”. Además, persecución a toda forma de expresión o manifestación, restricción ilegítima a derechos civiles y políticos a través de leyes incompatibles con la Convención Americana; y criminalización, detenciones arbitrarias y torturas contra precandidatos presidenciales, dirigentes políticos y empresariales.
“Nicaragua atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas, su efecto sobre las personas ha sido tan devastador que ninguna cifra lo puede revelar en toda su dimensión”, subrayó Núñez.
Detener represión
La defensora de derechos humanos y presidenta del Cenidh urgió sobre la necesidad de derogar las normas “inconstitucionales” y convencionales denunciadas en la audiencia, garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
“Cesar de inmediato la represión generalizada contra la población nicaragüense que demanda el respeto a sus derechos y proceder a la inmediata liberación de los más de 125 presos políticos, incluyendo a los periodistas, candidatos, activistas sociales, dirigentes políticos y empresariales y garantizar su participación política en las elecciones del presente año”, indicó Núñez.
Como muestra viva de los “tres años de terror” que viven los nicaragüenses más de 125 personas permanecen detenidas “injustamente”, destacó Núñez.
“Al aproximarse las elecciones generales de autoridades, programadas para noviembre de este año, la represión se ha profundizado produciendo un quiebre irreversible de la democracia por las graves violaciones a los derechos políticos y la insuficiencia regresividad que contiene la nueva Ley Electoral que regirá un proceso que ha comenzado sin transparencia y está encaminado a burlar la voluntad popular”, mencionó la presidenta del Cenidh.
Arlette Serrano, integrante del equipo del Cenidh, pidió que a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH se actualice el informe y se eleven recomendaciones al Estado con relación al derecho a manifestarse, “el cual es esencial para garantizar la democracia en el país”.
También demandó que se “actualice su informe y eleve recomendaciones al Estado para que se abstenga de obstaculizar el ejercicio de nuestra labor, y tome medidas positivas para garantizar el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua”.
