Al coronel en retiro del Ejército, Carlos Brenes Sánchez, lo detuvieron el viernes 15 de agosto de 2025 en su vivienda ubicada entre Masatepe y Jinotepe.
La Policía Nacional irrumpió sin orden judicial y se llevó también a su esposa, Salvadora Martínez. Desde entonces, ambos permanecen desaparecidos, sin información oficial sobre su paradero ni sobre los cargos en su contra.
La detención de Brenes, de 70 años, ocurrió en el mismo periodo que al menos 22 ciudadanos fueron arrestados en los departamentos de Carazo, Masaya, Granada y Rivas, en el marco de una nueva ola de redadas policiales.
Según denunció y documentó el Monitoreo Azul y Blanco (MAB), los operativos estuvieron marcados por allanamientos violentos, saqueos, uso de técnica canina y detenciones nocturnas.
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Entre las personas capturadas arbitrariamente se cuentan excarcelados políticos, líderes comunitarios, opositores, artistas y empresarios, lo que refleja una estrategia de represión sistemática contra diferentes sectores sociales.
¿Quién es Carlos Brenes?
Brenes es originario del barrio indígena de Monimbó en Masaya y en los años setenta formó parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y combatió contra la dictadura somocista.
Se retiró en 1994 con el grado de coronel, y más tarde fundó y coordinó el Grupo Patriótico de Militares Retirados, además de integrarse al Frente Amplio por la Democracia (FAD), una plataforma opositora que criticaba la deriva autoritaria del orteguismo.
La persecución en su contra no es nueva. Tras las protestas de abril de 2018, Brenes fue capturado el 28 de agosto de ese año en la frontera de Peñas Blancas, cuando viajaba hacia Costa Rica para tratarse la diabetes que padece. Entonces fue acusado de “terrorismo” y permaneció encarcelado hasta su liberación el 19 de junio de 2019, bajo la ley de amnistía promovida por el régimen Ortega-Murillo.
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Su recaptura en 2025 confirma la continuidad de una estrategia de represalia y de criminalización de quienes participaron o apoyaron las protestas de 2018.
Para organismos de derechos humanos, esta práctica evidencia que el régimen no solo busca silenciar a la oposición actual, sino también ajustar cuentas con aquellos que en el pasado alzaron la voz en contra de la represión.
El caso de Brenes, sumado a la reciente ola de redadas, refuerza la percepción de que Nicaragua vive un estado policial permanente, donde la disidencia se castiga sin importar la trayectoria ni los derechos fundamentales de las personas.
