*Defensoras de derechos fundamentales afirman que iniciativa es una amenaza psicológica contra la población y un retroceso en materia de derechos humanos.
Redacción / IP Nicaragua
La reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, que pretende establecer la pena de “prisión perpetua”, además de ser un retroceso en materia de derechos humanos y penal, es un instrumento que no frenará la violencia machista, afirma Halima Hernández, de la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila, en el municipio de Waslala.
“Es un retroceso increíble en materia de derechos humanos para las mujeres y las niñas que necesitamos del acceso a la justicia y al final creo que no viene a resolver el problema de la violencia machista y el sistema patriarcal inculcado en las familias nicaragüenses”, dijo Hernández a IP Nicaragua.
Hasta la primera semana de noviembre se reportaba que al menos 67 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua producto de la violencia machista, siendo este el peor año después de 2014, cuando se registraron 75 asesinatos de mujeres.
Según Hernández, en los centros urbanos del país es fácil detectar cuándo una mujer es víctima de violencia, algo que no ocurre en las comunidades alejadas como en Waslala, un municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte del país.
“Todos estos casos quedan en el silencio, en el vacío, porque la mujer muchas veces va a la Policía y no le recepcionan la denuncia, porque no es prioridad. La prioridad es irlas a recoger ya cuando es víctima de femicidio, realmente la cadena perpetua, desde mi perspectiva, no viene a solucionar”, mencionó la feminista.
Cenidh: Es un “manoseo”
Este martes, la Asamblea Nacional, conformada en su mayoría por diputados sandinistas, aprobó una reforma constitucional para castigar con cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanos.
Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la reforma, que terminará de aprobarse en la siguiente legislatura, se hizo “violando los procedimientos de formación de la ley”.
Además, según el Cenidh, la reforma constituye una amenaza sicológica a la población por la “inseguridad jurídica que establece”.
Según el organismo de derechos humanos, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren revestir de “supuesta legalidad” la represión que vienen ejerciendo desde los últimos dos años y medio y vender la “imagen de indignación frente a los hechos criminales cometidos en contra de dos niñas en Mulukukú”.
“Su objetivo es amedrentar y seguir instrumentalizando a las instituciones jurídicas del país para continuar la represión (….) Es evidente que la misma es un manoseo formal a la Carta Magna”, denunció el Cenidh.
¿Qué será crimen de odio?
Para Hernández, la iniciativa impulsada por el gobierno no es clara, debido a que no se estipula qué es o será un crimen de odio. El pasado 14 de septiembre, Rosario Murillo anunció que el Ejecutivo giró órdenes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para analizar el contexto y las leyes para proponer la reforma.
“Si yo soy opositora podría ser un crimen de odio, si soy azul y blanco podría ser un crimen de odio y si soy una mujer que demanda acceso a la justicia, podría ser un crimen de odio, porque hasta se me puede revertir”, dijo Hernández.
El 15 de septiembre, en el acto del Día de la Independencia, el mandatario Daniel Ortega amenazó que aquellos que quieren seguir “cometiendo asesinatos, colocar bombas, colocar destrucción, más destrucción de la que provocaron en abril de 2018” y que están “llenos de odio”, serían castigados con esa pena.
El Cenidh advirtió que la pretendida reforma constitucional implicaría una reforma al Código Penal vigente en el país.
