Autonomía económica en riesgo por el Covid-19

Por: María José Martínez Rocha

Imagínese el siguiente escenario: Necesita alimentos, medicinas y vestuario para usted o para sus hijos y no dispone de dinero propio para adquirirlos; depende de la voluntad y la capacidad de generar ingresos de otro miembro de la familia para la compra de estos productos. Desesperante, ¿verdad? Esta es la realidad  de casi un tercio de las mujeres en Latinoamérica.  Y es posible que esta cifra incremente si debido a la pandemia de Covid-19, más mujeres pierden sus empleos.

El 29 por ciento de las mujeres en la región no tiene ingresos propios, de acuerdo con datos de 2017 expuestos por la Comisión Exonòmica para América Latina y el Caribe (Cepal). En Guatemala la situación es aun más grave, pues el 51 por ciento de las mujeres carece de ingresos propios.

Al hecho de que las mujeres cuenten con medios para generar sus propios ingresos, se le denomina autonomía económica. Además de tener un impacto positivo en la vida de las mujeres, la autonomía económica también representa beneficios en una escala macroeconómica.

Sería oportuno incluir en los planes de política pública un componente de género. Foto: Freepik.

Debido a roles de género que han sido reforzados con el tiempo, la mujer se ha hecho cargo del trabajo del hogar y la crianza de los hijos (trabajo no remunerado). En algunos casos la mujer tiene el control de distribuir determinada renta en una canasta de bienes o servicios, en casos más extremos, se anula completamente el poder de decisión, delimitándolo a la preparación de alimentos que alguien más le suministra. Estos recursos (económicos y no económicos) los provee el jefe del hogar, generalmente un hombre.

Definitivamente, la autonomía económica de las mujeres tiene una estrecha relación con el uso del tiempo (que abordamos en una columna anterior). Entre mayor cantidad de tiempo acaparen las actividades no remuneradas, es más probable que las mujeres no tengan autonomía económica.

Estar al frente de estas actividades limita el tiempo que la mujer puede dedicar a los estudios o al trabajo remunerado. La educación brinda una serie de conocimientos y herramientas que los individuos pueden utilizar para generar recursos. Si las mujeres no tienen acceso a la educación o no concluyen los ciclos educativos por factores internos o externos a la familia, tienen un primer obstáculo para ingresar en sectores con mayor  productividad.

El embarazo y maternidad adolescente son situaciones internas que postergan  la finalización de estudios y la inclusión en el mercado laboral de las mujeres y en algunos casos la impiden completamente, sobre todo en el caso de adolescentes en situación de vulnerabilidad y sin redes de apoyo.  Pues a partir de estos eventos, las actividades comunes para esa edad (estudiar) se reemplazan por el cuido de los menores y la atención del hogar.

Dada la ausencia de autonomía económica, es más probable que las mujeres sean víctimas de violencia económica o patrimonial, uno de los tantos rostros de la violencia de género.

La violencia patrimonial puede manifestarse cuando el proveedor limita los recursos destinados a la satisfacción de necesidades, se apropia de los bienes y otros recursos de la mujer y controla  sus ingresos.

La educación constituye un medio para empoderar a los individuos, además de otorgar herramientas técnicas, dota al individuo de habilidades sociales elementales para su desarrollo personal y profesional, y lo expone a diferentes grupos que enriquecen sus perspectivas.

Si las mujeres latinoamericanas, que aún dependen de un tercero, lograran generar sus propios ingresos, no solo sería beneficioso para ellas y sus familias, sino también para la economía en general, pues con sus rentas podrían enriquecer con sus talentos y habilidades a la mano de obra actual, incentivar el consumo, contribuir al pago de impuestos, acceder a la seguridad social que les daría beneficios, como servicios de salud y pensiones.

El nuevo coronavirus podría afectar negativamente la autonomía económica de las mujeres. Foto: Freepik.

De igual manera, podrían ser capaces de empoderar y generar empleos para otras personas, al ser propietarias de negocios.

Sin embargo, para que estas metas puedan materializarse, se requiere inicialmente comprender los fenómenos que rodean a la autonomía económica. Es imposible lograr esta autonomía cuando las mujeres siguen siendo víctimas de violencia física, psicológica, sexual y económica que les arrebata el derecho de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sobre temas de interés local y nacional.

Es igual de necesario que se adopten medidas institucionales para promover la autonomía económica y la igualdad de género en los países de la región. En otros países se han aprobado diferentes instrumentos para alcanzar estos objetivos, tales como el Plan Nacional de Igualdad 2016-2020 en El Salvador y la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica, que tiene un horizonte temporal más amplio (2018-2030)

El Covid-19 podría afectar negativamente la autonomía económica de las mujeres, sobre todo las de aquellas que no tienen diversificados sus ingresos, dependen de un empleo y trabajan en sectores afectados por la pandemia.

Dada la relevancia de este tema sería oportuno incluir en los planes de política pública un componente de género que proteja las fuentes de ingreso de las mujeres.

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