* La última acción contra activistas de derechos humanos ocurrió el jueves, cuando un parapolicía retuvo a varios activistas en Catarina, sin ninguna justificación.
ERNESTO GARCÍA
Al menos 40 asedios de parte de policías y parapolicías contabilizan las autoridades de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contra sus funcionarios e instalaciones desde el mes de marzo, cuando empezó a afectar la pandemia de coronavirus, hasta la fecha.
«Cada vez que tenemos conferencia de prensa, policías y paramilitares nos asedian», señaló el director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.
Además de los asedios a las instalaciones de la CPDH, Marcos Carmona denunció que el personal de este organismo no gubernamental a diario recibe amenazas a través de las redes sociales.
«Todas estas acciones tienen como propósito el intimidarnos», aseguró el director ejecutivo de la CPDH.
Carmona añadió que además de estar sufriendo los constantes asedios, sus instalaciones son merodeadas constantemente por un sujeto en motocicleta, quien se pasea constantemente por la zona en actitud intimidante.
Para la CPDH también constituye asedio el hecho que personal de vigilancia del Poder Judicial va tras sus abogados cada vez que se presentan a los tribunales a defender a los reos políticos.
El caso más reciente
La tarde del jueves último, un parapolicía asedió e interceptó la circulación de personal de la CPDH que realizaba trabajo de campo en la zona de Catarina, municipio de Masaya.
Esta vez, personeros de la CPDH fueron retenidos ilegalmente durante 15 minutos en el empalme de Catarina, señaló Carmona.
La retención indebida de los activistas de la CPDH fue ejecutada por 10 policías jefeados por un capitán de apellido Vega, con número de chip 16605 y quien los seguía en una motocicleta, subrayó el secretario ejecutivo de la CPDH.
Desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril del 2018, la CPDH ha sido constantemente asediada por la Policía y civiles armados pro-gobierno.
Incluso cuatro de sus activistas en el departamento de Boaco fueron condenados a 10 años de prisión sin haber cometido delito alguno, pues todos les fueron inventados por las autoridades a través de falsos testigos, pero fueron excarcelados con otros reos políticos en junio del 2019.
Sin embargo, los activistas de la organización de derechos humanos después de salir en libertad, debieron exiliarse para no seguir siendo asediados por policías y parapolicías.
