*Aplanadora orteguista del Parlamento aprobó este martes la nueva legislación que imponen penas privativas de libertad a todos los que difundan “noticias falsas”.
Redacción / IP Nicaragua
La diputada del PLC, Azucena Castillo manifestó su rechazo a la Ley Especial de Ciberdelitos, también conocida como «Ley Mordaza», aprobada este martes en el Parlamento, asegurando que la misma tiene un margen de discrecionalidad e incrementa la represión.
“En un país donde la crisis política y la recesión mantiene a la ciudadanía en una incertidumbre y zozobra, no es justo ni tampoco oportuno traer este tipo de instrumentos que vienen a encender el clima de represión que se mantiene en el país”, señaló la diputada al hacer uso de la palabra en el plenario de la Asamblea Nacional.
La “Ley Mordaza” fue aprobada con 70 votos a favor, bajo el argumento pro-oficialista de ‘descontaminar’ la comunicación y no permitir la circulación de lo que han denominado “noticias falsas”.
El diputado, Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) afirmó que con la aprobación de esta ley se quiere “promover el miedo” entre la población.
“Esta iniciativa tiene nombre y apellido, es para reprimir a quienes consideren que el gobierno está yendo por un camino equivocado”, señaló Rodríguez.
La iniciativa que, según diversos sectores del país busca censurar toda forma de información en Nicaragua, impone en su artículo 30, una pena de entre tres y cinco años a quienes difundan “información falsa y/o tergiversada”.
En el documento, que no contó con el apoyo de 16 diputados que votaron en contra, también establece una condena de dos a tres años de prisión a quienes publiquen una información falsa que produzca “alarma, temor, zozobra en la población”.
Los diputados sandinistas defendieron la aprobación de ley que ha sido rechazada también por organismos internacionales defensores de derechos humanos.
El diputado orteguista, Wálmaro Gutiérrez, afirmó que dicha legislación “marcará un hito en la historia legislativa de este país”.
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“Nos tenemos que poner a tono con otras legislaciones del mundo que nos llevan la delantera en diversos temas. Se ha querido manipular con el tema de la extradición. Es una ley ordinaria, no es una reforma constitucional. Ellos mienten para tratar de confundir a la gente”, señaló el legislador sandinista.
Por su parte, el también orteguista diputado Carlos Emilio López, negó que la ley sea un instrumento jurídico que “limite o violente los derechos a la libertad de expresión o de opinión” en el país.
“De ninguna manera prohíbe la utilización de las redes sociales, sino que previene, tipifica y sanciona los delitos que usan datos y tecnologías de la información. Se le acabó el negocio a los mentirosos a los que difunden falsas noticias”, acusó López.
Artículos contra la libertad
El documento aprobado contiene al menos tres artículos adicionales que generan ruido a los defensores de derechos humanos, medios de comunicación y periodistas independientes.
Se dejó claramente establecido en el artículo 25, una sanción privativa de libertad de entre cinco y ocho años de prisión a quienes “sin autorización”, según el documento, transfieran información pública clasificada como “reservada” y que se considere esta pone en peligro la “seguridad soberana del Estado”.
Mientras tanto, el artículo 28 de la ley sanciona con cárcel a quien vierta amenazas a otras personas a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
La pena puede ser de uno a tres años de prisión cuando la amenaza constituya delito y que por su naturaleza parezca “verosímil”, o bien se faculta imponer prisión de hasta cuatro años cuando se hagan imputaciones que atenten “contra el honor o el prestigio” de otras personas.
La ley, además, establece en el artículo 43 la posibilidad de extradición en caso de que un nicaragüense en el exterior cometa los delitos anteriormente descritos.
Desde el contexto de la crisis sociopolítica, al menos 102 mil nicaragüenses siguen buscando refugio desde finales de 2019. El éxodo masivo de nicaragüenses que vivían el acoso y hostigamiento de grupos policiales y paramilitares, comenzó después de abril de 2018.
Viola Constitución
Semanas atrás, los miembros del Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua emitieron un comunicado en el que rechazaban rotundamente la ley, que amenaza a toda persona que en Nicaragua tenga cuenta en redes sociales, pues “verá coartado su derecho constitucional a recibir y difundir información, amenaza que se cierne incluso sobre los nicaragüenses residentes en el exterior”.
El Foro está integrado por propietarios y directores de medios de comunicación nacionales y locales, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, PEN Internacional Nicaragua, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), editores, columnistas, camarógrafos, caricaturistas y blogueros,
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) rechazó la aprobación de la iniciativa por considerar que “viola la Constitución y numerosos tratados y convenios internacionales”.
“El régimen Ortega Murillo viene a cercenar la libertad de expresión y prensa en Nicaragua”, señaló el organismo de derechos humanos.
Foto portada: El Nuevo Diario.
