*BCIE dispuso una partida de 115.7 millones de dólares para combatir deforestación en Bosawás y biósfera de Río San Juan, pero no hay confianza.
Redacción IP Nicaragua
A casi un mes de que se conociera la aprobación de 115.7 millones de dólares para financiar actividades de conservación y restauración de las zonas protegidas de Bosawás y Río San Juan, todavía está por ver si el Estado de Nicaragua cumplirá con sus compromisos, afirman ambientalistas.
Para Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, una de las organizaciones miembros del Grupo Cocibolca, recordó que estos fondos fueron concedidos de forma condicionada y bajo estrictas normas de cumplimiento.
Ruiz explicó a IP Nicaragua que el Fondo Verde para el Clima (FVC) es un mecanismo que fue adoptado por las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2010, como una necesidad de destinar fondos para países en vías de desarrollo y de las zonas tropicales que tienen bosques que pueden aplicar a proyectos de mitigación y adaptación del cambio climático.
“Nicaragua presentó el proyecto Bio-Clima, este proyecto recibió al menos seis objeciones (de países) que habían parado su aprobación, pero el Gobierno rápidamente incluyó esas consideraciones y lo volvió a presentar (…) Fue aprobado, pero con las consideraciones de esos países”, manifestó el ambientalista.
Según Ruiz, aunque el proyecto está aprobado, todavía falta ver cómo va a responder el Estado de Nicaragua para cumplir esas consideraciones que no son menores y que van en tres direcciones.
“La primera línea, es que los países están pidiendo que organizaciones independientes del Sistema de Naciones Unidas puedan fiscalizar el tema de los procesos de ejecución que pueda tener el proyecto, esa es una de las condiciones que plantea el tema de la fiscalización, cómo se ejecutan los fondos y que realmente vayan para lo que están definidos”, afirmó Ruiz.
Una segunda línea, según Ruiz, plantea el tema de las salvaguardas ambientales y sociales.
“Ahí el Estado deberá demostrar cómo va a responder a los problemas ambientales y sociales, y esa es una de las preocupaciones que nosotros, como la comunidad ambientalista tenía, y era que en el país no existen garantías democráticas para todo el proceso de fiscalización de esos proyectos que están beneficiando, se supone, a las comunidades nicaragüenses o a los bosques nicaragüenses”, señaló Ruiz.
Los fondos aprobados
El pasado 13 de noviembre, se conoció que el Fondo Verde para el Clima (FVC) aprobó la propuesta de financiamiento presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del Proyecto Bio-Clima para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en la reserva de Bosawás y la biosfera de Río San Juan en Nicaragua.
El monto aprobado asciende a 115.7 millones de dólares para financiar actividades de conservación y restauración de las zonas protegidas, involucrando a las comunidades y a los pueblos indígenas, detalla la nota publicada por el BCIE en noviembre pasado.
El proyecto, además contribuirá al desarrollo sostenible con bajas emisiones de CO2 en Nicaragua, mediante la “transformación de la ganadería extensiva, la agricultura y la explotación maderera en formas de producción que evitan la deforestación, y que integran la conservación de los servicios ecosistémicos con una producción sostenible para aumentar la resiliencia de los pueblos indígenas y los medios de vida locales en la Región Caribe de Nicaragua”.
El director de Fundación del Río, señaló que una última línea de las consideraciones está vinculada a las “consultas libres, previas e informadas de las comunidades indígenas y afrodescendientes”.
“Aquí el argumento es que el régimen ha generado estructuras paralelas, es decir, ha elegido y dado certificación a estructuras que no son legítimas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, eso le ha permitido tener el aval y la aprobación de esas comunidades sin pasar por los procesos reales y legítimos de consulta libre, previa, informada, que implica todo proceso de exposición del programa, de ir a cada una de las comunidades indígenas a tener el aval, porque así reza la autonomía de las comunidades indígenas sobre su territorio, esas acciones todavía no han existido”, afirmó Ramírez.
No hubo proceso de consulta
En la comunidad Wiwinak, en la rivera de Río Coco, Adrián Bucardo, miembro del Consejo Regional del Caribe Norte y representante del partido indígena Yatama, aseguró que no han sido consultados sobre la aprobación de estos fondos.
Bucardo dijo que el proceso de consulta al que se refiere el Gobierno nunca se llevó a cabo con las comunidades para informar sobre esas decisiones.
“Nosotros estamos totalmente desinformados de todo lo que estén haciendo al respecto”, afirmó.
Agregó que siempre han estado en contra de todos esos planteamientos, porque nada de lo que haga el Gobierno va a prosperar.
“Con eso lo que van a hacer es invadir más, van a financiar más a los colonos, van aumentar los paramilitares y van a financiar más a la policía para que venga a reprimir aún más a los nativos de las comunidades, entonces, si es a través del Gobierno, para mí, estoy en contra”, mencionó Bucardo.
Colonos siguen invadiendo
El concejal regional denuncio que Bosawas sigue siendo invadido por colonos armados, a pesar de tener tres bases miliares del batallón ecológico dentro de la reserva.
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El líder Yatama dijo que los colonos armados están usufructuando las tierras indígenas, y promoviendo negociaciones, a lo que aseguró que “esos colonos están bien armados y con dinero”.
“Entonces, cuál sería la política de negociación, cómo podemos negociar bajo esas condiciones. Con las armas en la cabeza nadie puede negociar, eso es lo que el Gobierno ha estado promoviendo”, afirmó Bucardo.
