Redacción/ IP Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la «persistente impunidad» y el prolongado «quebrantamiento del Estado de Derecho» en Nicaragua, donde en los últimos días se vivió una escalada de represión en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores en todo el país.
«La CIDH lamenta la falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la impunidad y, en general, la grave crisis que atraviesa al país. A la fecha, desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las víctimas», señaló el organismo a través de un comunicado.
En el contexto del tercer año aniversario de la «Rebelión de Abril», este 19 de Abril, se dieron varios ataques injustificados en contra de los periodistas, uno de ellos fue la agresión sufrida por Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, quien fue golpeada en presencia de sus tres hijas por un antimotín de la Policía Nacional.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reportó que los periodistas Noel Miranda (Artículo 66), Valeska Rivera (Canal 10), Alberto Miranda (Literal Periodismo Ciudadano), y Marcelo Conde de Radio Darío fueron retenidos arbitrariamente por agentes policiales por un tiempo de cuatro horas cuando daban cobertura a un evento de la Unidad Médica Nicaragüense.
Allanamientos en León
El Cenidh, también denunció que más de 50 oficiales de la Policía en la ciudad de León, acompañados perros de la técnica canina, allanaron de forma ilegal la casa del expreso político Byron Corea. El operativo estuvo a cargo del jefe de la Policía, comisionado Fidel Domínguez, denunció la progenitora del excarcelado, Yessenia Estrada.
En la ciudad universitaria, los agentes también irrumpieron en la casa de la familia Reyes Alonso, reconocidos opositores del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. «El allanamiento, sin ninguna orden judicial, duró unos 50 minutos aproximadamente, haciendo uso desproporcional de la fuerza», denunció el Cenidh.
La represión de hace tres años dejó un saldo de al menos 328 personas asesinadas, más de 2 mil heridos, y otros 100 mil desplazados, según información registrada a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). Desde Abril de 2018, la CIDH constató que unas 1,614 personas fueron detenidas ilegalmente y a veces sometidas a situaciones de tortura.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que 36 meses después en Nicaragua hay un clima de «persecución».
«Los derechos civiles de libertad individual, libre circulación, derecho a un debido proceso, inviolabilidad del domicilio y comunicaciones están bajo acecho permanente y sin control de legalidad porque el Poder Judicial es parte de la persecución», manifestó el Colectivo a través de un boletín que recoge los hechos de la sistemática represión.
Organismos: Parar represión
Tomando en consideración todos estos acontecimientos ocurridos en los últimos días, la CIDH urgió al Estado de Nicaragua a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática, en especial «mediante procesos que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familiares».
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El trabajo de la CIDH, en colaboración con la sociedad civil, también ha producido alarmante información sobre situaciones de enfoque diferenciado de género, registrando denuncias, en el contexto de la crisis, relacionadas con mujeres y comunidades LGBT que indican el irrespeto de la identidad de género, así como violencia sexual incluyendo denuncias de abuso y violación sexual.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) reconoció que en Nicaragua, tres años después del inicio de las protestas, continúan la «impunidad y la crisis de derechos humanos». La oficina que dirige la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, señaló que la implementación de las recomendaciones hechas al Gobierno «es insuficiente y el derecho de reunión pacífica sigue sin garantizarse».
Esta oficina de Naciones Unidas reiteró al Gobierno su solicitud de volver a Nicaragua con el fin de asistir a las autoridades y a la sociedad civil en la implementación de esas recomendaciones y así «lograr cambios que mejoren la situación de derechos humanos» en el país.
Foto principal: IP Nicaragua / Orlando Valenzuela
