*La organización asegura que se trata de un mes funesto para el periodismo independiente en el país y rechazan la aprobación de dos leyes represivas que representan «un retroceso legislativo».
Redacción / IP Nicaragua
La Policía Nacional continúa siendo la institución que más violenta el libre ejercicio de la práctica periodística y la libertad de expresión, de acuerdo con el más reciente informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que documentó 42 casos de violaciones a la libertad de prensa solo en el mes de octubre.
De los 42 casos registrados, 30 fueron perpetrados en contra de periodistas, fotógrafos, editorialistas, directores de medios, camarógrafos, fotorreporteros y 12 contra los medios de comunicación.
Según los indicadores de evaluación de la organización, las 42 violaciones fueron clasificadas en 25 agresiones y ataques, nueve casos de uso abusivo de poder estatal, dos procesos judiciales, dos marco jurídico contrario a estándares, una detención arbitraria, un discurso estigmatizado y un caso de indicador de género.
Las instituciones más violentas
El documento señala que del total de 42 casos de violaciones a la libertad de prensa registrados en el mes de octubre, el 86% (36 casos), fueron perpetrados por agentes estatales; en cambio el 14 % (6 de ellos), fueron consumados por agentes no estatales.
«La Policía Nacional sigue siendo la institución que más violenta el libre ejercicio de la práctica periodística y la libertad de expresión. Las multas de tránsito con valores exhorbitantes, se han convertido en una forma de asedio, represión e intimidación para periodistas y otros colaboradores de medios de comunicación independientes», indica el informe.
Seguidamente, señala a Telcor, ente regulador de las comunicaciones, de seguir haciendo uso antojadizo del reglamento del servicio de televisión por suscripción (06-97) y el Reglamento de Radiodifusión (07-97) obligando a los medios de comunicación a formar partrte de cadenas nacionales para transmitir eventos y mítines políticos del partido de gobierno.
A la Dirección General de Ingresos (DGI) se le atribuye el seguir cobrando sumas exageradas de impuestos, principalmente a radios comunitarias.
«Esta acción es considerada por periodistas y propietarios de medios locales, como una confiscación simulada, que la única finalidad que tiene es
la asfixia económica, para luego impulsar su cierre», alerta la organización.
Las agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación siguen creciendo.
Es la categoría de la que más se observan transgresiones al libre ejercicio del trabajo periodístico en Nicaragua, seguido por el uso abusivo del poder estatal.
Aprobación de leyes represivas
La organización expresa que después de varios intentos para regular el contenido en redes sociales, como los realizados en el 2015 y luego en el 2018, el gobierno, a través de la Asamblea Nacional, que también es controlada por el FSLN y por lo tanto adolece de autonomía para legislar, finalmente en el mes de octubre fueron aprobadas dos leyes represivas que contravienen los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
En ese sentido, apuntan que fueron aprobadas la Ley de Agentes Extranjeros, mejor conocida como «Ley Putin» y la Ley Especial de Ciberdelitos o «Ley Mordaza». Señalan que en ambas leyes se usan conceptos ambiguos y sin rigor técnico se penalizan derechos constitucionales, como el derecho a la libertad de expresión, al trabajo, el acceso a la información y al libre ejercicio de la práctica periodística.
«La Fundación Violeta Barrios de Chamorro alerta que la aplicación de la Ley de Ciberdelitos criminaliza la difusión de opiniones e informaciones, limita el derecho de expresar libremente pensamientos e ideas y cercena el derecho de opinión sobre la gestión pública», argumenta el informe.
Para la FVBCH, el mes de octubre fue un mes funesto para el libre ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el país.
«Este retroceso en materia legislativa se evidencia con la aprobación de leyes represivas e incriminatorias como la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Agentes Extranjeros», agrega.
La organización advierte que ambas leyes con su entrada en vigencia serán como «una espada de Damocles», pues «es una amenaza directa en contra de usuarios de las redes sociales, medios de comunicación, periodistas y hasta empleados públicos que informen fuera de la voz oficial».
En el mes de octubre se documentó que los periodistas o reporteros siguen siendo las principales víctimas de ataques y agresiones, en segundo lugar se ubican los medios de comunicación como instituciones jurídicas.
«Un dato que vale la pena destacar que en la actualidad el riesgo de ser víctima de una agresión no marca ninguna diferencia entre ser periodista activo o ser comunicador en retiro o jubilado», apunta la Fundación.
Foto portada: Orlando Valenzuela.
