Analistas y la oposición consideran que la ley podría usarse contra los opositores por su ambigüedad.
Voz de América
Simpatizantes sandinistas presentaron ante la Asamblea Nacional de Nicaragua tres millones de firmas recolectadas con un supuesto respaldo a la solicitud de impulsar una reforma a la Constitución para castigar ciertos crímenes extremos con cadena perpetua.
El presidente de la asamblea, el diputado sandinista Gustavo Porras, dijo en la sesión parlamentaria que la firmas representan un alto porcentaje de la población.
“Estamos hablando prácticamente del 60% de la población mayor de 16 años en nuestro país, y no estamos al 100% porque naturalmente que hay un tiempo, y este es el tiempo, pero tres millones de firmas respaldando la prisión perpetua para los crímenes de odio, creo que es algo que los diputados deben asumir para responder a la demanda del pueblo”, dijo el funcionario.
La reforma al artículo 37 de la Carta Magna se leerá así: ‘Artículo 37. La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años’.
Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes, inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia determinará y regulará su aplicación.
Sin embargo, pese a los esfuerzos gubernamentales por validar la iniciativa ante la opinión pública, analistas y constitucionalistas como Gabriel Álvarez observan contradicciones en la propuesta y advierten sobre su aplicación política contra opositores al gobierno.
“Si alguien recurriera de amparo o inconstitucionalidad contra esta ley, la Corte Suprema tendría que declarar inconstitucional esta reforma constitucional que van a aprobar, porque viola un artículo que establece un derecho humano desde 1987, porque fue el mismo criterio jurisprudencial que utilizaron para permitir la reelección de Ortega”, recordó el analista.
A criterio de Álvarez, la falta de independencia en los poderes del estado y la discrecionalidad abierta para aplicar la ley, permiten al poder judicial utilizar la reforma como una herramienta de castigo contra opositores y críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega.
No obstante, recomienda que el proceso de consulta de la reforma sea amplio, y no autoconsultado entre los mismos simpatizantes sandinistas, para que esta tenga la legitimidad que el gobierno pretende adjudicarle.
“Deben seguir los procedimientos legales que están en la constitución y en segundo lugar consultar, pero no con ellos mismos, no auto consultarse, sino con la sociedad, para que además de legal sea legítima, sobre todo en temas de tanto impacto como la condena de prisión perpetua, porque eso podrá ser legal pero no legítimo si no se consulta con la población”, comentó.
En un rápido sondeo de la Voz de América entre ciudadanos en Managua, la mayoría de ellos dijo no aprobar la reforma como medida, aunque si consideran pertinente el castigo contra asesinos y violadores de niñas y mujeres.
“En realidad, eso no sirve de nada, que la apliquen o que la aprueben, porque al final ahí sacaron a un montón de asesinos de mujeres, a un montón de violadores, ¿y a esos qué les van a hacer? Lo que creo es que eso es para reprimir a la gente que está protestando”, dijo Juan Carlos Zelaya.
Por su parte, los diputados sandinistas aprobaron la creación de una Comisión Especial de Carácter Constitucional para analizar la iniciativa propuesta.
