La represión gubernamental se ha incrementado en los últimos días. Foto: Archivos.
Harold Briceño Tórrez
@BriceoHarold
Por considerarlo un “combo explosivo” contra “los derechos y libertades de los nicaragüenses”, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) rechazó en un comunicado este domingo el paquete de iniciativas de ley que incluye la llamada “Ley Mordaza”, ley de cadena perpetua y la ley de agentes extranjeros, anunciadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
“La aplicación de esta Ley Mordaza, en conjunto con establecimiento de la cadena perpetua y la Ley de Agentes Extranjeros, son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por una dictadura cada vez más represiva y violatoria de los derechos de los nicaragüenses. Es por ello que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia hace un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a rechazar este nuevo intento de violentar los derechos constitucionales y las libertades públicas de los nicaragüenses”, se lee en el pronunciamiento de la ACJD.
Enfoque en Ley Mordaza
La Alianza Cívica hizo un especial enfoque en la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza”, como se le conoce popularmente, señalando que “el régimen Ortega-Murillo pretende controlar los medios de comunicación y redes sociales como espacios para la libre expresión ciudadana, a través de la creación de nuevos delitos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.
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Tras analizar las “tecnologías de la información sujetas al alcance de esta ley” y “los delitos contemplados en esta misma”, concluye que “este tipo de regulación constituye sin duda un instrumento arbitrario y de represión para atacar la libertad individual, promover la intolerancia y limitar los derechos y libertades ciudadanas al tipificarse delitos relacionados con la apología e incitación al odio y a la violencia y la publicación y divulgación de noticias falsas y/o tergiversada a través del uso de tecnologías de la comunicación, lo que constituye una propuesta inconstitucional que vulnera derechos fundamentales de los nicaragüenses”.
De acuerdo con la ACJD, con esta ley, el Gobierno de Ortega recurre “al Derecho Penal como mecanismo de coacción para recetar multas, cárcel e intervención de bienes y activos e impedir el ejercicio de derechos como: la privacidad, la protección de datos personales, el honor de las personas, y las libertades de expresión e información, las cuales son pilares fundamentales para la coexistencia social y democrática”.
“Estamos claros que la convivencia en una sociedad democrática implica que la libertad de expresión e información conlleva una responsabilidad ulterior de servir a la verdad”, reconoce la Alianza Cívica, a la vez que advierte que “en el contexto de represión sistemática que vivimos los nicaragüenses, iniciativas como la ‘Ley Mordaza’, son parte de una estrategia dirigida a minimizar la crítica ciudadana e instaurar la censura política a sectores independientes de la oposición que utilizan las redes sociales y medios de comunicación para denunciar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo”.
Sobre medios de comunicación
“Tal como lo ha expresado el Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua en su más reciente comunicado, el artículo 25 de la Ley Mordaza pretende, bajo el pretexto de proteger información pública clasificada como reservada, imponer cárcel de cinco a ocho años a medios o personas que la divulguen. Esta es una clara amenaza al periodismo investigativo, fuente importante de fiscalización de la función pública y privada y uno de los pilares principales de la libre prensa, esencial para la democracia”, se lee en el pronunciamiento de la ACJD.
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Asimismo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia hace un recuento de cómo el gobierno de Ortega-Murillo “ha recrudecido su control en contra de los medios de comunicación independientes”. “Son más de 20 espacios radiales que han sido eliminados, se ha aplicado la censura a la transmisión de programas en televisión abierta y ha intervenido policialmente salas de redacción de los programas Esta Noche y Esta Semana, además de la ocupación de 100% Noticias y el embargo al Canal 12 por presuntas deudas con el Estado”, cita el pronunciamiento.
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