El periodismo independiente en Nicaragua prácticamente dejó de existir tras siete años de represión sostenida por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un informe publicado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), titulado “Nicaragua: memoria periodística y lucha por la verdad (2018-2025)”.
De acuerdo con el estudio, la estrategia oficialista contra la prensa fue planificada y estructural, dejando un saldo de más de 2,300 violaciones a derechos civiles y políticos cometidas contra periodistas y trabajadores de medios. El impacto ha sido devastador: el 85% de los medios independientes desapareció y al menos 293 comunicadores se vieron forzados al exilio.
La FLED documenta que 53 medios de comunicación fueron cerrados por la fuerza, mientras que los ataques abarcaron diferentes dimensiones: 639 casos de censura, cierres y criminalización del periodismo (27.6%), 405 vulneraciones al derecho a la vida e integridad personal (17.5%) mediante amenazas, torturas y vigilancia, y 388 violaciones a la libertad personal (16.8%), entre ellas detenciones arbitrarias y secuestros.
Represión progresiva y sistemática
El informe sostiene que esta ofensiva estatal no fue coyuntural, sino progresiva. Solo en 2018, tras la rebelión de abril, se registraron 1,568 ataques contra periodistas, marcando el inicio de la criminalización del oficio como política de Estado. En los años siguientes, las leyes de Agentes Extranjeros y de Ciberdelitos reforzaron el marco legal utilizado para encarcelar comunicadores y cerrar medios.
En 2022, el régimen amplió el cerco con el cierre de más de 30 medios vinculados a la Iglesia Católica y el desmantelamiento de espacios noticiosos locales en departamentos como Matagalpa. Ese mismo año también fueron canceladas más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil, reduciendo aún más los espacios de libertad.
“El cierre de estos medios no solo afectó a la Iglesia, sino que despojó a comunidades rurales y empobrecidas de un canal informativo y comunitario vital”, advierte la investigación.
Impacto económico y social
La FLED calcula en 57 millones de dólares el costo económico de la represión estatal contra los medios, resultado de confiscaciones, embargos, destrucción de infraestructura, pérdida de equipos y eliminación de más de 500 empleos.
Más allá de lo material, la organización advierte que el régimen ha impuesto censura y monopolio informativo, dejando a la ciudadanía sin acceso a información plural y veraz.
Crímenes de lesa humanidad
El informe concluye que la magnitud de las violaciones documentadas constituye crímenes de lesa humanidad, ya que incluso periodistas en el exilio continúan siendo perseguidos y descalificados desde el aparato oficial.
“La ciudadanía nicaragüense ha sido despojada de su derecho a estar informada, lo que erosiona gravemente el tejido democrático”, subraya la FLED. Casos emblemáticos como los de Lucía Pineda Ubau y Miguel Mendoza ilustran la criminalización del periodismo, mientras la impunidad alcanza el 99.96% de los ataques, reflejo del uso del sistema judicial como herramienta de represión.
