Nicaragua anunció formalmente su decisión «soberana e irrevocable» de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como de todas las actividades relacionadas con este organismo y sus «mecanismos satélites», anunció el régimen orteguista un día después de conocer el informe en el que se confirma la participación del Ejército en los ataques contra los manifestantes en 2018.
El régimen fundamenta su decisión en lo que considera una serie de agravios perpetrados por el organismo internacional. En su comunicado, Nicaragua denuncia que estos mecanismos se han convertido en «verdaderos métodos y plataformas políticas para desprestigiar la labor del gobierno».
En su acostumbrado alocución vespertina de este 27 de febrero de 2025, Rosario Murillo —quien ahora se hace llamar copresidenta— dijo que «se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad, y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes contra el pueblo nicaragüense».
De acuerdo con una misiva firmada por su canciller, Valdrack Jaentschke y enviada a Jürg Lauber, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el régimen insistió que, «estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y esencia».
«No los reconocemos y no nos vemos siendo parte y/o cómplices de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, la dignidad de los pueblos. Por tal razón, Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable, nuestra decisión soberana e irrevocable, de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites», leyó Murillo.
La declaración oficial rechaza categóricamente lo que denomina «falsedades, calumnias y mentiras», señalando específicamente al «autodenominado grupo de expertos, la oficina del alto comisionado y el consejo de derechos humanos». Según el comunicado, estos entes «se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad» del país.
Murillo agregó que «esos informes son un obstáculo para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense que pretende, ese obstáculo, impedir el avance en educación, salud, vivienda, infraestructura, seguridad alimentaria, energía, agua, saneamiento, entre otros».
El informe de la ONU que provocó al régimen en Nicaragua
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN), en su informe del 26 de febrero de 2025, por primera vez, señaló que Ejército nicaragüense, «a pesar de sus negativas, participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las masivas protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos».
La Policía Nacional y el Ejército Nacional, ambos bajo el mando del Presidente, también han desempeñado un papel vital en el establecimiento y la consolidación del control total del Gobierno sobre el aparato del Estado y en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, sostuvo el GHREN.
El Ejército —según el informe— estuvo presente y facilitó el acceso al sector militar del aeropuerto internacional de Managua para las expulsiones de los 222 y 135 excarcelados políticos en febrero de 2023 y septiembre de 2024, respectivamente.
En su informe, el GHREN también señaló que el régimen orteguista «ha desmantelado los últimos controles que existían sobre su poder, ejecutando sistemáticamente una estrategia autoritaria, mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos».
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresó que la «retirada» del régimen Ortega-Murillo del Consejo de Derechos Humanos es una «clara muestra de su rechazo a la rendición de cuentas y al escrutinio internacional sobre las graves violaciones de derechos humanos que ha cometido».
