En una reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de la sociedad civil expusieron las dificultades que enfrentan los nicaragüenses refugiados en Costa Rica.
Durante la audiencia pública que se realizó en el marco del 190 periodo de sesiones de la CIDH, también se denunció la persecución y atentados contra algunos opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Costa Rica.
Yefer Bravo integrante del grupo Unidad de Exiliados Nicaragüense en Costa Rica expuso en la audiencia pública sobre los preocupantes atentados que han sufrido los refugiados, subrayando la vulnerabilidad y los riesgos adicionales que enfrentan estas poblaciones en busca de protección internacional.
Bravo se refirió al atentado registrado en su contra el 29 de agosto de 2019, cuando desde el interior de un vehículo Hyundai, color negro, le realizaron un disparo mientras estaba afuera de la vivienda que ocupaba en ese momento.
También recordó el atentado que sufrió el 10 de enero de 2024, el opositor Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, dos años y cuatro meses después de un primer atentado.
También se denunció el caso del opositor nicaragüense Rodolfo Rojas Cordero, quien fue encontrado sin vida a orillas de la carretera hacia la ciudad de Danlí, en Trojes, municipio fronterizo de Honduras con Nicaragua.
«Esto indica un seguimiento meticuloso, accion armada contra objetivos, labora de inteligencia con mucha preparación», denunció Bravo durante la audiencia que se realizó el 8 de julio.
La extradición de opositores que estaba refugiados
Encadenado de pies y manos, en febrero pasado el régimen de Daniel Ortega presentó al opositor nicaragüense Douglas Gamaliel Pérez Centeno, 44 años, a quien el 16 de ese mismo mes las autoridades de Costa Rica entregaron a Nicaragua.
Dague Hernández, abogado costarricense que representa a Pérez Centeno y al opositor, Reynaldo Picado, quien sigue preso en Costa Rica con la posibilidad de ser extraditado, expuso durante la audiencia que «podria violarse el principio fundamental de no devolucion de personas que corren riesgo de su vida», debido a la interpretacion de los tribunales administrativos y el Estado costarricense.
Durante la sesión, sin embargo, el ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora señaló que la facultad de conceder o negar la extradición recae exclusivamente en el Poder Judicial.
«Ninguna persona solicitante de refugio o refugiada en Costa Rica a lo largo de nuestra historia ha sido extraditada», señaló el funcionario de la administración de Rodrigo Chaves.
Barreras a personas indígenas refugiadas en Costa Rica
Por otro lado, Keyla Chow, miembro de la comisión ejecutiva de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses y representante del bloque caribe nicaragüense en el exilio, destacó las graves brechas sociales que enfrenta la población desplazada de Nicaragua en Costa Rica al intentar acceder a la Unidad de Refugio.
Chow subrayó que el número telefónico 1311, que se usa para solicitar citas de en la Unidad de Refugio, se convierte en una primera barrera insuperable. La dificultad adicional del idioma también representa un desafío significativo para quienes buscan asilo en Costa Rica.
