La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, España, ha acordado citar en calidad de investigados a seis personas, por la muerte de 13 personas, entre ellas cinco nicaragüenses, en el incendio del pasado 1 de octubre, en una discoteca, en la zona de ocio nocturno Atalayas.
Entre los investigados citados están los gerentes o administradores de la discoteca ‘Teatre’ Juan R. I. y Marcos M., y el gerente de ‘Fonda Milagros’, Juan E.R., la encargada de ‘Teatre’ Eva M., el organizador de la fiesta ‘We are remember’ y el dueño y controlador de la máquina de fuego frío o chispas que se usó en el local, según el diario español. Todos ellos se encuentran en libertad con cargos. La Opinión.
Tanto el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional como el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia continúan con las pesquisas para tratar de esclarecer qué pasó aquella madrugada y quién tiene responsabilidad en ello.
Citan a nueve testigos que estuvieron en la discoteca
La magistrada de Murcia, también acordó citar en calidad de testigos a nueve personas presentes esa noche en las discotecas y que pudieron resultar perjudicados por el humo o las llamas, por lo que paralelamente se les hace ofrecimiento de acciones y se les cita para que sean reconocidos por el médico forense.
También ordenó que se realice un informe pericial por un perito judicial especializado de las máquinas de fuego frio intervenidas tras el siniestro, para que previo examen y análisis de su documentación, determine cuál era su estado y las instrucciones de uso “en especial en orden a preservar la seguridad contra incendios”.
Las víctimas nicaragüenses
En el incendio perecieron los nicaragüenses Martha Alejandra Zamora, de 62 años, y sus hijos Sergio Enrique Silva, de 39 años, y Eric Salomón Torres, 30 años de edad.
Las otras víctimas son Tania Martínez, de 49 años, y Ofilia del Carmen Blandón, de 27 años originaria de La Mina El Limón, esta última era esposa de Salomón Torres.
El secretario judicial, en la misma providencia, ha hecho además el ofrecimiento de acciones a las personas perjudicadas en este incendio a fin de que manifiesten si lo desean o no reclamar en el proceso penal en una causa que lleva un abultado volumen de diligencias, con al menos 1.500 escritos tramitados solamente en la instrucción.
