El sacerdote católico de Nicaragua, Fernando Zamora Silva, canciller de la Diócesis de Siuna, fue detenido por agentes de la Policía la noche del domingo en Managua y no ha sido visto desde entonces.
En redes sociales, los feligreses destacaron que la detención del sacerdote católico tuvo lugar a pocos metros de una parroquia San Luis, en los semáforos de La Robelo, cuando el sacerdote salió de una celebración religiosa a la que asistió invitado por el cardenal Leopoldo Brenes.
Zamora fue detenido arbitrariamente con todas sus pertenencias y todavía no ha sido acusado de un cargo concreto.
Este arresto es de los actos represivos que vive la Iglesia católica en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició una persigue a la Iglesia Católica.
Otros cuatro sacerdotes, incluido el monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, también están detenidos de manera arbitraria, acusados de supuestamente conspirar en contra del régimen sandinista.
Álvarez, el obispo nicaragüense, fue condenado a 26 años en la cárcel por oponerse a ser desterrado en febrero de 2023.
Ataques contra sacerdotes en Nicaragua no se detienen
La detención del sacerdote católico de Nicaragua fue la segunda agresión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra un sacerdote católico en menos de 48 horas.
El sábado 8 de julio, las autoridades del régimen negaron el ingreso a Nicaragua al sacerdote Juan Carlos Sánchez, vicario de la parroquia Francisco de Asís, quien regresaba de un viaje a Bolivia y Estados Unidos.
Se conoció que el padre Sánchez salió de Nicaragua hacia Bolivia, donde participó en una ordenación sacerdotal. Luego, viajó a Miami, Estados Unidos, para visitar a unos familiares. Y cuando se disponía a regresar a Nicaragua, la aerolínea le informó que su ingreso había sido negado.
Desde el 2018, la investigadora Martha Molina documentó al menos 80 casos de miembros de la Iglesia católica que abandonaron Nicaragua, ya sea porque fueron expulsados, desterrados o se le negó el ingreso al país.
Ortega y su régimen han clasificado a los líderes religiosos nicaragüenses como «terroristas».
