La Ley 50-50, que reformó la Ley de Municipios o Ley 40 y permitió que las mujeres empezaran a ganar plazas en las alcaldías de Nicaragua es solo una «cortina de humo» aún en la actualidad. Las mujeres que son electas solo llenan espacios y se mantienen con bajo perfil, sin toma de decisiones, coinciden activistas de derechos humanos.
El 8 de marzo de 2012, la Asamblea Nacional aprobó la reforma y en la misma se estableció la denominada política de repartir 50-50 los cargos de elección pública, es decir mitad hombres y mitad mujeres.
¿Qué ha pasado después de casi 11 años desde que se realizó la reforma a esa legislación?
«El hecho de que en Nicaragua se este diciendo que hay paridad de género es simplemente una cortina de humo», dijo a IP Nicaragua la activista María Laura Alvarado, miembro de la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Mujeres toman posesión en alcaldías, pero no el poder
Después de las irregulares votaciones municipales que se realizaron el 6 de noviembre de 2022, en la que el régimen se adjudicó las 153 alcaldías del país centroamericano, los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) destacaron con vehemencia la igualdad en el número de mujeres y hombres que ocupan los cargos de autoridades en las municipalidades.
Según el CSE, un total de 6 mil 394 ciudadanas y ciudadanos tomaron posesión de sus cargos desde el 10 de enero de 2023.
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El pasado 20 de enero, las autoridades electorales concluyeron la entrega de credenciales de los alcaldes, alcaldesas y vicealcaldes y vicealcaldesas y concejales designados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para el periodo 2023-2027.
La presidenta de este Poder del Estado, Brenda Rocha, destacó el «fortalecimiento en la equidad y alternancia de géneros».
Según datos oficiales de los 153 electos, 77 son mujeres y 76 varones; y en correspondencia hay 76 vicealcaldesas y 77 vicealcaldes. También hay un total de 6,088 concejales, 3,044 mujeres y 3,044 varones.
«Aquí la pregunta principal es si ese 50 por ciento de mujeres que hay hoy en día dentro de la Asamblea Nacional, así como en todas las alcaldías municipales, cuántas en realidad tienen la capacidad de poder y de decidir sobre las cosas que pasan a su alrededor», cuestionó Alvarado.
No hay «igualdad» de género
Activistas y defensoras de derechos humanos en Nicaragua señalan que estos cargos no tiene ningún significado en términos de los derechos de las mujeres y del reconocimiento del papel que juegan en la política, sino que es un cumplimiento de cuotas y formalidad.
En todo caso las mujeres, tienen “escasos márgenes para la toma de decisiones, insistió Alexa Zamora, activista y defensora de Derechos Humanos.
«En varias ocasiones hemos destacado que esto no es de ninguna manera igualdad o equidad de género, debido a que simplemente es un cumplimiento de cuota y tanto en funcionarios varones como en mujeres no son personas que ejercen una verdadera toma de decisión», dijo Zamora,
Además señaló que estos funcionarios son el resultado de unas votaciones «fraudulentas», que se desarrollaron con la exclusión de una verdadera oposición y con escasa participación ciudadana.
«Incluso en la mayoría de los casos las funcionarias mujeres ocupan puesto de subalternos, sumado al hecho de que el Ejecutivo ha demostrado ser arbitrario en la remoción de sus funcionarios pese a que estos sean electos, el cual tan poco es el caso actual, dado que no hubo ningún proceso de elecciones democráticos, sino que fue un restablecimiento del control de los órganos municipales y departamentales», agregó Zamora.
Se debe reconocer el valor de las mujeres
La alcaldía de Managua, una de las plazas más importantes en términos geográficos, es el más claro y vivo ejemplo.
Reyna Rueda, una representante del círculo político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sigue al frente de la municipalidad capitalina junto al periodista y político Enrique Armas, vicealcalde que también repite en el cargo.
Detrás de Rueda existe una figura masculina, Fidel Moreno, a quien se le ha visto susurrando órdenes a la alcaldesa. Sin embargo, desde hace meses Moreno está de bajo perfil.
Las activistas y defensoras de derechos humanos insisten que no existe autonomía ni representación y las mujeres no tienen capacidad de decidir nada, porque son completamente subordinadas.
«La lucha por la paridad de género ha sido una de las tareas que siempre los movimientos sociales en Nicaragua han dado para que se les reconozca el valor y el trabajo que las mujeres aportamos dentro de la sociedad y en la política sobre todo», dijo Alvarado.
Desde la Asamblea Nacional «vemos como el papel de las mujeres es únicamente para llenar una cuota, las mujeres realmente no tienen un rol significativo dentro de las decisiones», manifestó la activista de la UNAB.
Violencia contra la mujer
La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), documentó en 2022, el asesinato de 68 mujeres nicaragüenses, 57 de estos femicidios ocurrieron dentro del país. El mayor número de víctimas se reportó en Managua y en la Costa Caribe.
«Cuando ves que en un país hay un incremento significativo de la violencia contra la mujer, te das cuenta que la representación de la mujer es únicamente para cumplir ciertos estándares internacionales, pero en la práctica ese sistema no funciona porque las mujeres no tienen y no le permiten que tenga la capacidad de decidir e incidir en su vida ni en el contexto político», añadió Alvarado.
