Redacción / IP Nicaragua
Tres días después del allanamiento en el edificio del diario La Prensa, el Ministerio Público informó que se le impuso 90 días de arresto judicial al gerente general de este medio de comunicación Juan Lorenzo Holmann Chamorro, mientras se lleva la investigación que iniciaron por defraudación aduanera y lavado de dinero.
Holmann Chamorro se encuentra detenido desde la madrugada del sábado 14 de agosto. Fue trasladado en su propio vehículo a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como «El Chipote», 15 horas después del allanamiento, supuestamente para firmar unos documentos. No obstante, horas más tardes la Policía a través de un comunicado confirmó su detención.
El Ministerio Público presentó por escrito una solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir ampliación del período de investigación y detención judicial en contra Holmann Chamorro, por estar siendo investigado por la Policía Nacional. La audiencia especial se llevó a cabo el 15 de agosto de 2021 y la solicitud fue admitida.
Encuentran documento relacionados con la FVBCH
Durante el allanamiento ocurrido en La Prensa, el único periódico del país se logró observar cuando la Policía y personas vestidas de negro sacaban de ese diario cajas con documentación y materiales, aún en horas de la madrugada que según el Ministerio Público están vinculados al caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
«El viernes 13 de agosto, en cumplimiento a orden judicial, la Dirección de Auxilio Judicial, realizó allanamiento en La Prensa, siendo acompañados por la Dirección General de Servicios Aduaneros, Procuraduría General de la República y Ministerio Público; donde se encontraron treinta cajas de documentos relacionados con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que actualmente esta siendo investigada por el Ministerio Público», agrega el comunicado.
En mayo pasado, el Ministerio Público inició una investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por supuesto lavado de dinero, tras haber cerrado operaciones en febrero pasado para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Nacional a finales de 2020, al considerarla una herramienta de persecución hacia las organizaciones de la sociedad civil.
