Redacción/ IP Nicaragua
Del 1 de enero al 30 de abril de este año 23 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua, según reporta la organización Red de Católicas por el Derecho a decidir.
En ese mismo período se reportan 48 femicidios en grado de frustración, lo cual significa que, si bien las mujeres sobrevivieron, resulta imposible medir todo el daño psicológico y las repercusiones de todo lo que representa esa violencia en sus vidas.
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Como resultado de este sangriento escenario, en ese mismo período un total de 29 niños, niñas y adolescentes, se quedaron en orfandad, es decir, sin la protección de su madre.
Solo en el pasado mes de abril se registran ocho muertes violentas perpetradas por hombres contra mujeres en Nicaragua.
Cinco de las mujeres asesinadas estaban en edades de 35 a 59 años, dos mujeres oscilaban entre los 18 a 35 años y una mujer asesinada tenía solo 15 años.
Tres de esas ocho muertes violentas fueron cometidas por sujetos desconocidos, y en dos casos los asesinos sí eran conocidos de las víctimas, mientras que, en los otros tres casos, los criminales eran pareja, novio e hijo de cada una de las mujeres, según detalla el reciente reporte de este organismo.
Comisarías ya no son las mismas
Por su parte Belkys Reyes, defensora de la Red de Mujeres del Norte, Ana Lucila, considera que la situación de inseguridad de las mujeres está igual o peor que antes y que las comisarías ya dejaron de cumplir el papel con que fueron creadas mediante ley.
“Las Comisarías de la Mujer ya no están recibiendo las denuncias con la misma agilidad de antes. Cuando las mujeres llegan les dicen que tienen que buscar un abogado privado, no les dan ninguna otra orientación de cuál es la ruta para poder hacer su denuncia”, comentó Reyes.
La defensora de la red de mujeres además relató que “en el peor de los casos en las Comisarías les están dando a las mismas mujeres el papel de la cita para los demandados, y si no llevan ninguna señal de violencia les dicen que deben llevar testigos y pruebas de sus denuncias”.
Otra situación que viene ocurriendo en las Comisarías, según Reyes es que cuando las madres de alguna víctima ponen denuncia de alguna desaparecida y resulta que, si después la joven aparece en casa de algún hombre adulto, “entonces los mismos policías le dicen a la denunciante que la víctima ya está en edad de decidir con quién quiere estar”.
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“La verdad es que podemos tener la Ley 779 que puede ser maravillosa, el Código Penal, el Código de la Familia, y tantas otras leyes, pero en la práctica no hay una voluntad política del gobierno para aplicarlas y garantizar la atención y seguridad a las mujeres y a las familias de Nicaragua”, lamentó la defensora de la red.
