Al menos 78 viviendas y otras propiedades han sido confiscadas en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a personas que forman parte del grupo de 316 nicaragüenses privados de su nacionalidad, las que estaban a su nombre y aquellos en los que participaran como socios, revela el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los procedimientos judiciales en los que se ordenaron estas medidas, según el organismo de Naciones Unidas, «carecieron del debido proceso y no observaron el principio de legalidad» y con las confiscaciones de propiedades y viviendas «violaron los derechos a disfrutar de un nivel de vida adecuado y a la propiedad».
En dos resoluciones del 9 y el 15 de febrero de 2023, el Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó la confiscación de todos los «bienes inmuebles y empresas» de las 316 personas privadas de su nacionalidad, incluidos todos los bienes a su nombre y aquellos en los que participaran como socios.
El 1 de marzo de 2023, la Procuraduría General de laRepública (PGR) publicó un comunicado de prensa en el que advertía que las personas que no habían sido privadas de su nacionalidad, pero vivían en las propiedades confiscadas, tendrían que acatar las decisiones judiciales del 9 y el 15 de febrero.
«Se informó a la OACNUDH de casos en los que las propiedades confiscadas pertenecían a familiares que no figuraban en las decisiones, incluidas personas menores de edad. Las personas mayores también se ven especialmente afectadas, ya que pierden recursos, pensiones o ingresos por el alquiler de sus propiedades inmobiliarias», señala el informe.
Propiedades confiscadas recientemente
Esta semana, al menos seis nicaragüenses despojados de su nacionalidad y declarados prófugos de la justicia, denunciaron la confiscación de sus propiedades en Nicaragua.
La poeta nicaragüense Gioconda Belli denunció este 12 de septiembre que el régimen confiscó su casa vivienda y envió a policías a ocupar el bien inmueble.
«Ayer la dictadura Ortega Murillo consumó la confiscación de mi casa de habitación en Managua, enviando policías a ocuparla. Es una casa que para siempre contendrá el recuerdo de mi energía creativa, la huella de mis libros y el paisaje que más amaba. Lo que era queda en mí», escribió Belli en sus redes sociales.
Ayer la dictadura Ortega Murillo consumó la confiscación de mi casa de habitación en Managua, enviando policías a ocuparla. Es una casa que para siempre contendrá el recuerdo de mi energía creativa, la huella de mis libros y el paisaje que más amaba. Lo que era queda en mí.
— Gioconda Belli (@GiocondaBelliP) September 12, 2023
«Pierdo mi casa, ocupada ayer por la policía, pero ellos, sumidos en la paranoia y la mentira, han perdido sus valores, su historia, convertidos en malsanos tiranos dignos de repudio», dijo la escritora.
Asimismo la cineasta y socióloga nicaragüense Leonor Zúniga, esposa de Camilo de Castro Belli, despojado de su nacionalidad, denunció la ocupación de su propiedad. El medida fue aplicada el lunes también.
«Efectivamente hoy (ayer) Ortega y Murillo, a través de la PGR y la Policía (Aka el escuadrón de ladrones) oficialmente se tomaron mi casa. Rieguen las plantas y no se coman los garrobos pinches bestias sin imaginación», denunció Zúniga.
Esta es mi casa como la dejé en el 2018. Hoy el régimen de Ortega y Murillo se la robó en castigo por ser defensores de DDHH y ayudar a la liberación de los presos políticos. Sin embargo tendré para siempre el gusto de decir que los liberamos 💙🤍 #Nicaragua #HabraJusticia pic.twitter.com/5A16Qa8qEj
— Leonor Zúniga (@LeonorNica) September 12, 2023
Más confiscación de viviendas
El abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, también sufrió la confiscación de su casa ubicada en Altos de Nejapa, en Managua.
También fue tomada la propiedad de Moisés Hassan, exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, ubicada en Reparto Belmonte, en Managua.
A la medida confiscatoria se suma el excanciller Norman Caldera y la activista de derechos humanos Haydée Castillo.
A finales de marzo pasado, el periodista y director de Radio Darío, Aníbal Toruño, denunció la toma de su vivienda, en León, por parte de ña PGR y la Policía.
