Mientras tanto, Antony Blinken, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, pidió la liberación inmediata de los líderes de la oposición nicaragüense encarcelados en los últimos días en Nicaragua.
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Redacción Central / IP Nicaragua
La detención de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri y Violeta Granera en menos de 24 horas este martes en Nicaragua, provocó una condena generalizada por parte de la comunidad internacional que exige la liberación inmediata de los detenidos.
En siete días, la justicia nicaragüense detuvo a cuatro aspirantes presidenciales y dos opositores. La periodista Cristiana Chamorro y el catedrático Arturo Cruz fueron los primeros aspirantes presidenciales detenidos.
“Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado”, dijo el aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro en un vídeo pregrabado antes de su detención en su residencia ubicada en Intermezzo del Bosque.
Ana María Chamorro, hermana de Juan Sebastián Chamorro, relató que al menos unos cuarenta efectivos policiales ingresaron a la vivienda para arrestar al opositor.
“Mi hermano se arrodillo y dijo aquí estoy, luego entraron unas patrullas y lo montaron”, mencionó la hermana del opositor, tras confirmar que posteriormente las patrullas se retiraron incluso de la entrada del residencial donde permanecieron por varias semanas.
El martes a medio día, el opositor Félix Maradiaga también fue detenido por la Policía Nacional, después de salir del Ministerio Público donde fue interrogado por más de tres horas.
“Sin ninguna palabra uno de los oficiales se acercó a Félix de manera violenta, agresiva, con el puño cerrado le dio un golpe en el rostro a Félix”, manifestó posteriormente su abogado defensor Róger Reyes.
Maradiaga también grabó un video que su equipo de trabajo hizo circular.
“Hermanos y hermanas nicaragüenses si están viendo este vídeo es porque fui detenido por el régimen de Ortega, como he mencionado en todo momento mis manos están limpias, mi conciencia está limpia”, dijo el aspirante presidencial que permanece en las celdas de la DAJ, según confirmaron sus familiares.
En horas de la noche, la Policía Nacional anunció la detención del economista José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), quien fue trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Durante años el sector privado vivió un idilio con el gobierno desde que Daniel ortega volvió al poder en 2007. No obstante, esa buena relación llegó a su fin en abril de 2018 cuando las protestas cívicas fueron reprimidas por la Policía Nacional en conjunto con los paramilitares.
La noche del martes, también se confirmó la detención de Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco. La opositora permanece bajo detención domiciliaria en su casa de habitación ubicada en carretera sur.
“Medidas represivas”
La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, denunció que las medidas represivas contra líderes políticos y la sociedad civil, incluyendo el arresto de Juan Sebastián Chamorro “requiere un llamado internacional al régimen”.
“Ortega es responsable por el bienestar de los detenidos. Deben ser liberados inmediatamente”, mencionó Chung en un Twitter.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Paulo Abrão, señaló que con las últimas acciones de Ortega en contra de la oposición se confirma que “en Nicaragua no hay democracia”.
“Sigue la noche de terrorismo de Estado en Nicaragua con las detenciones arbitrarias de Violeta Granera y José Adán Aguerri. Se concretan las acciones premeditadas desde la edición de las leyes represivas. No es necesario esperar “elecciones” para saber que en Nicaragua no hay democracia”, señaló Abrão.
Temprano de este miércoles se conoció que, en León, la Policía y paramilitares tienen sitiada la casa de habitación del exdiputado liberal y jurista, José Pallais, un crítico de Ortega.
Voz de América
Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán se declarará culpable esta semana de haber ayudado a su esposo a contrabandear narcóticos, según dio a conocer el diario estadounidense The New York Times.
Coronel Aispuro, de 31 años, fue arrestada por las autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Internacional Dulles en las afueras de Washington en febrero pasado, bajo sospecha de ayudar en el negocio del tráfico de drogas de su esposo, quien fue condenado por una corte de Nueva York a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad.
La agencia de noticias AFP, también confirmó citando a una fuente no identificada y relacionada al caso, que la exreina de belleza se declarará culpable en un tribunal de Washington el jueves, buscando reducir su sentencia.
Varios medios estadounidenses también informaron que Coronel admitiría su papel en las actividades delictivas de su marido.
Guzmán era el líder del Cartel de Sinaloa, uno de los grupos narcotraficantes más notorios de México.
Dirigió una operación que entregó cientos de toneladas de narcóticos a Estados Unidos y estuvo detrás de múltiples asesinatos de quienes se cruzaron con él, según documentos judiciales.
Fue extraditado a Estados Unidos en 2017 para ser juzgado, y dos años después fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua.
Según el Departamento de Justicia, Coronel participó en actividades del cártel y también presuntamente ayudó en dos complots para ayudar a Guzmán a escapar de la prisión mexicana, incluido el exitoso primero en 2015.
Coronel, con doble ciudadanía estadounidense y mexicana y madre de mellizos de Guzmán -32 años más joven que su esposo- compareció ante el tribunal casi todos los días de su juicio de tres meses en Nueva York.
Tenía prohibición de sostener contacto con él durante más de dos años de prisión preventiva.
Durante el juicio, hubo sugerencias acerca de que Coronel estaría involucrada en su negocio y en la fuga de la prisión, pero las autoridades la dejaron entrar y salir libremente.
Guzmán está la prisión federal ADX en Florence, Colorado, la cárcel de mayor seguridad de Estados Unidos,
Voz de América
MANAGUA – La crisis sociopolítica en Nicaragua parece profundizarse más de cara a las elecciones previstas para este 7 de noviembre. El martes, la Policía Nacional lanzó una redada contra opositores y precandidatos presidenciales, a quienes arrestó y acusó de varios delitos.
En horas de la tarde fue detenido el precandidato y politólogo graduado de Harvard Félix Maradiaga, mientras que por la noche fue arrestado el precandidato presidencial y economista Juan Sebastián Chamorro.
También fueron detenidos el expresidente de la patronal nicaragüense José Adán Aguerri y la líder opositora Violeta Granera, pero esta última, a excepción del resto, quedó bajo arresto domiciliario.
A todos los opositores se les investiga por supuestamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, todo esto establecido en la Ley de Defensa de los Derechos del pueblo, aprobada en diciembre pasado bajo fuertes cuestionamientos y sospechas de que iba a ser utilizada en un año electoral para inhibir a los opositores.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comentó que en los últimos 30 años nunca había visto algo semejante, en alusión a las detenciones, que hasta este 8 de junio sumaban seis: cuatro precandidatos presidenciales, una líder opositora, y un exdirigente del sector privado.
El Gobierno de Estados Unidos por su parte dijo que la creciente represión contra los líderes políticos y de la sociedad civil, exigen una respuesta internacional urgente.
“El régimen de Ortega es responsable del bienestar de los detenidos. Deben ser liberados inmediatamente”, escribió en Twitter Julie Chung, subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió la liberación de Juan Sebastián Chamorro, así como del resto de los opositores detenidos en esta nueva jornada represiva.
“Urge la liberación de Juan Sebastián Chamorro y de todos los demás presos políticos en Nicaragua y que cese el hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega. Nicaragua merece ser libre y democrática”, dijo Almagro.
De acuerdo con la exguerrillera sandinista y hoy disidente Dora María Téllez, las acciones del presidente Daniel Ortega son un “símbolo de la debilidad de la dictadura”.
“Estamos viendo en estos cinco días que han pasado, desde la captura de Cristiana y los ex trabajadores de la Fundación Chamorro, un símbolo de la debilidad de la dictadura. Si estarían fuertes y hubiesen logrado controlar la crisis sociopolítica, no tendrían ningún problema, ejecutarían su fraude en cámara lenta y no hubiesen tomado estas medidas”, comentó Téllez a la Voz de América.
Afirmó que “sin duda, todo refleja debilidad y agonía severa que no ha podido resolver, y básicamente la dictadura ha apuntado a la represión. Han sido tres años de cárcel, asedio y persecución”.
Las elecciones generales en Nicaragua están previstas para noviembre. Con el arresto de al menos cuatro precandidatos presidenciales, las esperanzas de vencer a Daniel Ortega cada vez se reducen más, al sacar de la contienda a los líderes con mayor simpatía y aceptación en la ciudadanía.
Aun así, la oposición ha llamado a mantenerse firmes con la expectativa de derrotar al mandatario sandinista por la vía electoral, acudiendo a las urnas.
“Aquí tenemos una oposición sólida, si nos quitan candidatos, pues vamos a participar con quien quede. Tenemos que seguir luchando por esa vía (electoral), porque sabemos que, si hay un voto masivo en noviembre, Ortega será derrotado”, dijo la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, en una conferencia de prensa días atrás.
Según las encuestas, más del 70% de los nicaragüenses aspiran a un cambio en la nación, golpeada por una crisis sociopolítica que se originó en abril de 2018.
