Redacción / IP Nicaragua
Hace 27 años, el 18 de julio de 1994, una bomba estalló en la sede de la Asociación Mutual Israelita (AMIA) en el barrio Once de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El ataque que provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, constituyó el mayor atentado terrorista sufrido en ese país, pero aún permanece en la impunidad.
A la fecha no ha sido arrestado ninguno de los autores, ni juzgado un solo sospechoso.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en 2007 emitió órdenes de detención (conocidas como «notificaciones rojas») para cinco exfuncionarios iraníes, señalados por la justicia argentina de ejecutar el atentado y que se pasean por el mundo sin ser denunciados.
A esta trágica historia, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega ha aportado un capítulo más al nivel “de impunidad”.
El pasado de 10 enero, Mohsen Rezai, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, asistió como invitado de honor a la toma de posesión de Ortega.
Sobre Rezai pesa una de las alertas rojas de la Interpol por el ataque contra AMIA.
Al día siguiente de la toma de posesión de Ortega, el gobierno de Argentina, liderado por el presidente Alberto Fernández, protestó y condenó la presencia de Rezai en el evento.
A la investidura de Ortega también asistió el embajador de Argentina en Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich, y calló sobre la presencia de Rezai en Managua.
El atentado, un coche bomba
Aquel lunes 18 de julio de 1994, exactamente a las 9:53 de la mañana, la sede de AMIA ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, desaparecía por completo.
El atentado causó serios daños en los inmuebles cercanos y en la vida de muchos.
Un coche bomba estalló dejando 85 víctimas y más de 300 heridos, relata una publicación en Radio Perfil de Argentina.
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Los sobrevivientes que permanecían tanto dentro como en las inmediaciones del edificio, describieron haber escuchado un enorme estruendo.
Luego, escombros y una polvareda predominaban en la zona. Gritos y llantos desgarradores completaron una escena aterradora, agrega la publicación.
La explosión dejó un cráter de al menos dos metros en el lugar y pudo ser escuchada a varios kilómetros de la sede violentada.
A la espera de la llegada de agentes de las fuerzas de seguridad y rescatistas, miles de personas ofrecieron su ayuda.
Posteriormente, los rescatistas hicieron también presencia. «A penas empezamos, buscamos sobrevivientes durante 24 horas sin parar. Después, en turnos de seis horas. Así durante diez días», contó Nati Guefen, integrantes de la brigada israelí en Buenos Aires a Radio Perfil.
Hasta 2001, año en el que tuvo lugar el primer juicio oral por el atentado, se había informado que las víctimas fallecidas eran 86, sumado al autor del delito. Oficialmente, la AMIA terminó contabilizando 85.
El atentando contra AMIA había tenido otro sangriento antecedente, con el ataque que provocó la destrucción del edificio de la Embajada de Israel en Argentina, el 17 de marzo de 1992, que causó 29 muertes y 242 heridos.
A casi cuatro décadas, de ambos atentados todavía no hay culpables.
Los supuestos responsables
La justicia argentina, atribuyó el atentado contra AMIA al grupo militante chiita Hezbolá, de origen libanés, bajo órdenes de Irán, algo que ese país siempre ha negado.
El primero que acusó a Irán de estar detrás del atentado fue un exdiplomático de ese país llamado Manoucher Motamer, quien luego sería señalado como agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), explica BBC Mundo en un reportaje publicado en 2019.
Poco tiempo después del ataque, Motamer acusó a funcionarios de la embajada iraní en Buenos Aires de organizarlo. La acusación fue replicada por los gobiernos de EE.UU. e Israel, quienes señalaron a Hezbolá como los autores materiales del ataque.
Cabe mencionar que Hezbolá fue considerado responsable por la justicia argentina de haber estado detrás del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que ocurrió dos años antes que el ataque contra la AMIA.
El inicio del juicio
El juicio por el atentado de la AMIA, que comenzó en Buenos Aires en septiembre de 2001, no se enfocó en Hezbolá o Irán, sino en la «conexión local», que llevó al juez, Juan José Galeano, encargado entonces del caso a la cárcel.
En el juicio también se condenó a los principales responsables del aparato de inteligencia que operó cuando ocurrió el atentado en 1994, y que en vez de investigar lo que pasó intentaron encubrir lo ocurrido.
El 3 de septiembre de 2005, Galeano fue destituido de sus funciones como juez federal, y procesado por falso testimonio y por pagar sobornos en la causa del atentado terrorista.
Mientras que el 28 de febrero de 2019, fue condenado a seis años de prisión por haber usado dinero del Estado para pagar a testigos falsos para que acusaran a un grupo de policías de ser la «conexión local» del ataque.
“La pista iraní”
Tras la anulación del juicio, el entonces presidente de Argentina Néstor Kirchner (2003-2007) decidió crear una fiscalía especial para investigar lo ocurrido en la AMIA.
Kirchner puso a cargo de esa investigación a Alberto Nisman, quien venía trabajando como fiscal en la causa AMIA desde 1997.
Fue Nisman quien se concentró en la llamada «pista iraní», basándose en información que recibía de los servicios secretos de EE.UU. e Israel.
En octubre de 2006 Nisman acusó formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo y pidió la captura de los responsables.
Un año después, la Interpol accedió al pedido argentino y emitió órdenes de detención (conocidas como «notificaciones rojas») para cinco exfuncionarios iraníes: Ahamad Vahidi, entonces ministro de Defensa iraní y exjefe de la Guardia Revolucionaria; Alí Fallhijan, exministro de Seguridad; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolusionaria; Mohsen Rabbani, exagregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires; y Ahmad Reza Ashgari, el exsecretario de esa sede diplomática.
Ocho años después, el 18 de enero de 2015, Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza.
El «memorándum de entendimiento»
El laberinto sin fin que es el caso AMIA volvió a tomar un giro inesperado tras la llegada al poder de Cristina Fernández de Kirchner en 2007, actual vicepresidenta de Argentina.
En septiembre de 2009 Fernández exhortó a Irán a que extraditara a los exfuncionarios cuestionados durante un discurso que dio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, tres años más tarde, durante su segundo mandato, la presidenta sorprendió con el anuncio de una nueva estrategia para llevar ante la justicia a los iraníes sospechados. Fernández dijo que firmaría un «memorándum de entendimiento» con Irán para intentar avanzar en la causa.
Este pacto, que fue firmado en enero de 2013 en Etiopía, preveía la creación de una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales (dos elegidos por cada país y un quinto consensuado) para analizar las investigaciones sobre el atentado. También estipulaba que la Justicia argentina podría interrogar en Irán a los cinco imputados que están requeridos por Interpol.
Un mes más tarde, el Congreso argentino -con mayoría kirchnerista- aprobó el acuerdo, dándole rango de tratado internacional. Pero el Parlamento iraní nunca trató el asunto, por lo que el pacto no entró en vigencia.
Sin embargo, tras varios rechazos por parte de entidades representativas de la comunidad judía y partidos de oposición, en mayo de 2014, la Justicia declaró el memorándum inconstitucional.
La muerte del fiscal
Por su parte, el fiscal Nisman acusó a Fernádez, al canciller entonces, Héctor Timerman, y a otros funcionarios de haber buscado encubrir a los autores iraníes del atentado a través del memorándum.
Nisman presentó una denuncia judicial, basada en escuchas realizadas por agentes de inteligencia argentinos, que afirmaba que el pacto con Irán buscaba el levantamiento de las notificaciones rojas de Interpol.
Según el fiscal especial, Argentina, que atravesaba una crisis energética, habría accedido a negociar la impunidad de los iraníes a cambio de petróleo y otros acuerdos económicos, revela la publicación de BBC Mundo.
Tanto Fernández como el resto de los acusados siempre negaron que esto fuera cierto y aseguraron que el pacto no contemplaba eliminar los pedidos de captura de Interpol.
El 18 de enero de 2015, el fiscal Nisman, quien debía presentarse al día siguiente ante el Congreso para mostrar las evidencias con las que fundamentaba su acusación, fue hallado sin vida.
Abogado de las víctimas a Ortega
El abogado de las víctimas del atentado contra AMIA, Tomás Farini Duggan, acusó al gobierno de Alberto Fernández, encubrir a los responsables y al Ejecutivo nicaragüense de convalidarlo al aceptar la visita a Managua y sostener una reunión privada, respectivamente con Rezai.
“Hay una lógica oculta. El poder de los símbolos es muy fuerte. Traer a uno de los imputados, presentarlo como hermano y hacerlo adelante del embajador argentino, y el Gobierno argentino guarda silencio, es un símbolo, no es cualquier cosa. Lo que nos están queriendo decir es que Irán es el autor del atentado y Argentina calla. Y Nicaragua lo convalida totalmente; (y) Cuba y Venezuela”, sostuvo Farini en una entrevista con el medio digital Confidencial.
En esa entrevista, Farini explicó que el diputado de la oposición Waldo Wolff y él denunciaron ante un juez federal al canciller argentino Santiago Cafiero y al embajador de ese país en Nicaragua, Danilo Capitanich, ya que debieron enterarse previamente de la presencia del iraní y pedir su arresto.
«Un gobierno normal hubiese roto relaciones diplomáticas ante el agravio y se hubiese renunciado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)», añadió el abogado.
Alberto Fernández acaba de asumir la presidencia pro tempore de la CELAC con el respaldo de Nicaragua. Ese organismo que reúne a 33 países incluidos Cuba y Venezuela, cuyos líderes se encontraron también con Rezai en Managua.
Iraníes prófugos de la justicia se pasean por el mundo
Rezai fue comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución-Pasdaran entre los años 1993 y 1994, según un perfil del jerarca iraní publicado recientemente en el diario El Clarín.
En la causa judicial a Rezai se le acusa junto al hoy ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, de integrar el selecto grupo de «inteligencia que sometió a evaluación la propuesta de atentar contra Argentina en 1993», agrega el diario.
Además señalan que la presencia de Rezai el pasado 10 de enero en Managua no es el único caso de funcionarios iraníes acusados por el atentado que pasan por países amigos de la Argentina.
«Vahidi, que también tiene pendiente sobre su figura un alerta roja, estuvo en Bolivia y Venezuela en 2011 sin que el gobierno de Cristina Fernandéz de Kirchner hiciera algo. Hubo una protesta oficial en ese entonces, pero ya se había ido de esos países. El Gobierno de Evo Morales dijo en su momento que «lo expulsaba». Pero lo cierto es que tanto Bolivia como Venezuela -para el chavismo Irán es un apoyo importante- tuvieron intercambio militar con los persas», agregó El Clarín.
Asimismo expresan que «en 2018 el ex canciller Alí Akbar Velayati, también acusado por la voladura de AMIA, pero sin alerta roja sobre él, estuvo en Rusia y se reunió con el presidente Vladimir Putin. El gobierno de Mauricio Macri, también reaccionó tarde».
