El más reciente informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas elevó el número de presos políticos en Nicaragua a 245, de estos 10 fueron detenidos previo a las protestas de abril del 2018.
De acuerdo con el listado, actualizado hasta el 31 de enero de 2023, la mayoría son hombres (205) y en menor medida mujeres (30).
Además indica que en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo” es en donde hay más presos políticos, seguido de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como «El Chipote», aunque aclaran no es un sistema penitenciario oficial.
Nueve detenciones en Matagalpa
Según el informe, la mayoría de los presos son originarios de Managua, Masaya y Matagalpa, con 107, 34 y 19 casos cada uno de los departamentos. En el caso de Matagalpa se ha registrado un aumento de las detenciones políticas, principalmente de religiosos.
El organismo registró nueve detenciones en Matagalpa, pero en el reporte de septiembre se elevó a 18 y en el de octubre-noviembre descendió a 17.
De acuerdo al listado, en los grupos de edades en su mayoría los presos políticos son jóvenes. Cerca de 109 de estos detenidos tienen entre 19 y 39 años. En el caso de las personas de la tercera edad, son 40 los presos que tienen entre 60 a 80 años o más.
Familiares de presos políticos en Nicaragua, blanco de represión
“En Nicaragua, la prisión política trasciende de las cárceles donde se encuentran recluidos los presos y presas políticas hacia sus familiares, quienes también son víctimas de la represión del Estado desde hace muchos años», afirma la organización.
«Cuando el régimen comenzó a utilizar mecanismos tales como hostigamientos, persecución y amenazas. Todo ello con el objetivo acallar sus voces y disuadirles de seguir con sus formas de lucha y resistencia por la libertad y justicia de sus familiares presos y presas”, agrega el Mecanismo en su informe de enero.
Asimismo, indican que durante estos años las familias han sufrido asedio en sus viviendas de parte de policías, agentes paraestatales y vecinos simpatizantes del régimen. Entre las denuncias de los familiares están: persecución, vigilancia, agresiones físicas, insultos y amenazas de muerte a través de redes sociales.
“También han sufrido amenazas por medio de pintas estigmatizantes en los muros de sus casas. Asimismo, han sufrido vejámenes por parte de autoridades y custodios de los centros penitenciarios y estaciones de policías, donde están recluidas las personas presas políticas”, añaden.
Sobre estos maltratos indicaron que llegaron al maltrato físico, retenciones por varias horas, sometiéndolos a prolongados interrogatorios. En algunos casos han sido víctimas de detenciones arbitrarias y de violaciones a su derecho de libre circulación para entrar o salir del país.
Detenciones a familiares de opositores
También señalanq ue “durante el segundo semestre de 2022, el patrón comienza a cambiar, con el aumento nuevamente de las detenciones. A estas prácticas represivas se le suma también el control migratorio que afecta directamente la libertad de circulación de miembros de familias de personas presas políticas”.
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Sobre este control comentan que incluye la negativa de tramitar pasaportes, retenciones y/o interrogatorios en puestos fronterizos y en el impedimento arbitrario e ilegal de salir del país y retención de pasaportes. Igualmente a muchas familias le han negado la entrada al país lo que constituye un destierro de facto.
“Entre finales del año 2022 e inicios del 2023 el régimen de forma arbitraria, capturó a dos familiares de personas presas políticas por el simple hecho de demandar el cumplimiento de los derechos humanos de sus familiares retenidos y por exigir su libertad. A diferencia de otras detenciones y retenciones ilegales, estas dos personas están siendo judicializadas en procesos que carecen de toda legalidad”, recalca el organismo.
