* En una nota publicada en un sitio oficial manda a “congelar” las cuentas y otros fondos o recursos económicos de los señalados, entre los que están Ramón Avellán, Francisco Díaz y Sonia Castro.
REDACCIÓN CENTRAL / IP NICARAGUA
El Gobierno de Reino Unido, a través del sitio oficial www.gov.uk, ha retomado las sanciones que impuso este lunes la Unión Europea a seis funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La información en el sitio fue ordenada por el Ministerio de Hacienda y por la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras de Reino Unido.
“El Reglamento (UE) 2019/1716 del Consejo («el Reglamento») que impone sanciones financieras contra Nicaragua se ha modificado de modo que ahora se aplica una congelación de activos a las personas que figuran en el Anexo de este Aviso”, informo la nota. Y a continuación menciona la lista.
La UE anunció esas sanciones ayer lunes a los comisionados Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional; al general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, y el comisionado general Justo Pastor Urbina, director de Operaciones Especiales. También a Sonia Castro; asesora presidencial y exministra de Salud; Néstor Moncada Lau, asesor presidencial, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz.
Las sanciones contemplan “la prohibición de viajar y la congelación de activos” a esas personas. “La represión ejercida por las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines al Gobierno contra opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica ha continuado”, afirmó Josep Borrell, alto representante de la UE.
En el aviso publicado en el sitio web www.gov.uk mandan a verificar cualquiera de las personas sancionadas mantiene alguna cuenta o posee fondos o recursos económicos en ese país. Ordena también “congelar tales cuentas y otros fondos o recursos económicos; abstenerse de tratar con los fondos o activos o ponerlos a disposición (directa o indirectamente) de dichas personas a menos que lo autorice la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI)”.
En el documento se sugiere informar cualquier hallazgo en relación con esos funcionarios del Gobierno de Ortega sancionados a la de Oficina Implementación de Sanciones Financieras de Reino Unido, y proporcionar cualquier información relacionada con los activos congelados de esas personas que esa entidad pueda solicitar. “La información reportada a OFSI puede pasar a otros autoridades reguladoras o policiales”, señala.
En su declaración, el alto representante de la Unión Europea señala que las medidas restrictivas son “coherentes” con la posición establecida por esta comunidad que está dispuesta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una “solución democrática pacífica y negociada” a la crisis política en Nicaragua.
La decisión de dictar las sanciones coinciden con el marco jurídico de medidas restrictivas específicas adoptadas por el Consejo el 14 de octubre de 2019. El grupo de la comunidad europea advirtió que “estas medidas están dirigidas a personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Nicaragua y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense”.
Algunos de los funcionarios ya acumulan sanciones que fueron impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El 21 de junio las medidas impuestas alcanzaron a Sonia Castro, quien fungía como Ministra de Salud, siendo removida poco tiempo después de su cargo.
El 7 de noviembre de 2019, el Gobierno de Estados Unidos anunció también sanciones contra Avellán considerado el brazo represor durante las protestas antigubernamentales. Posteriormente, el 27 de noviembre se conoció la decisión de Estados Unidos de incluir entre los sancionados a Moncada Lau por corrupción y violaciones de derechos humanos.
Los funcionarios policiales también fueron incluidos en una de las primeras listas de sanciones dictadas por Estados Unidos. Los tres jefes de la sancionada Policía Nacional fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.
Daniel Ortega ha pedido en los últimos días que se levanten las sanciones impuestas contra algunos de sus funcionarios, aprovechando la crisis generada por el coronavirus, pero no se esperaba el anuncio de la UE.
