*Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emite resolución en la que manda a adoptar las medidas sin dilación.
Redacción / IP Nicaragua
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que la detención de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora en diciembre de 2018, fue “arbitraria” y pide al Gobierno remediar la situación a través del “derecho efectivo a obtener una indemnización”.
“Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería concederle al señor Mora y a la señora Pineda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, concluyó el Grupo de Trabajo.
La resolución fue aprobada el pasado 1 de mayo de 2020 y en ella se alega que las autoridades violaron el derecho a la libertad de opinión y de expresión, además que durante la audiencia ante el juez , “las autoridades dictaron prisión preventiva automática, impidiendo su derecho a cuestionar la legalidad de la detención”.
“Esta resolución sienta un valioso precedente, no solo en el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda, sino para todos los periodistas de las Américas. Es una victoria, no solo para 100% Noticias; es una victoria para todo el periodismo independiente de las Américas, para que nunca más se toque un medio de comunicación y nunca más se toque a periodistas”, afirmó Pineda a IP Nicaragua.
Según Pineda, la resolución además es “motivo de celebración”, porque es parte de esa “justicia” que ellos esperan recibir.
“Se han agotado los procesos internos, pero se busca la justicia a nivel internacional, así que estamos en ese proceso y celebramos esta resolución”, apuntó la comunicadora.
Seis meses de plazo
Esa organización de Naciones Unidas exige al Gobierno de Ortega y Murillo adoptar las medidas “sin dilación” y que lleve a cabo una “investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad” de ambos periodistas.
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Entre sus recomendaciones, el Grupo de Trabajo sugiere que se tomen medidas pertinentes contra los “responsables de la violación de sus derechos”.
“El Gobierno de Nicaragua no ha respondido al Grupo de Trabajo, pese a que ellos le enviaron una última comunicación el mes de febrero y el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado al respecto”, señaló Pineda.
Además, el Grupo de Trabajo pone un plazo de seis meses al gobierno para que proporcionen información sobre si ha habido reparación del daño, sobre los alcances de las investigaciones que proponen se desarrolle o si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar las recomendaciones hechas en esta resolución.
“Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo”, señala la resolución.
La detención
El 21 de diciembre de 2018, ambos periodistas fueron detenidos en las instalaciones del canal 100% Noticias -confiscado desde esa fecha por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo- por la cobertura permanente que dieron a la represión ocurrida durante las protestas de abril y meses subsiguientes de ese año.
El Grupo de Trabajo pudo comprobar que la Policía “no mostró orden judicial” para llevar a cabo el allanamiento ni la detención de Mora y Pineda.
Los periodistas, según Pineda, no pueden ser objeto de prisión por el solo hecho de informar.
Durante seis meses que fueron confinados en la cárcel, los comunicadores sufrieron torturas y estuvieron aislados en celdas de máxima seguridad, por lo que el Grupo de Trabajo consideró que la privación de libertad fue arbitraria y contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Antes de su detención, Mora fue objeto de varias amenazas de muerte contra él y su familia, además que el personal de su canal también fue objeto de persecución y asedio por parte de fanáticos orteguistas.
El 5 de diciembre de 2018, la sede de 100% Noticias fue rodeada por oficiales antimotines de la Policía; al menos cinco patrullas permanecieron en las inmediaciones del canal.
Además, el 30 de noviembre de 2018, la Dirección Jurídica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) solicitó a empresas de televisión satelital que suspendieran la señal de 100% Noticias, boicoteando la labor periodística.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos.
El caso fue remitido al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
