*Eurodiputado español José Ramón Bauza celebra iniciativa de la Eurocámara
Redacción IP Nicaragua
El Parlamento Europeo abordará la próxima semana el combo de leyes que pretende aprobar el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, además discutirán la posibilidad de imponer sanciones directas a las autoridades de este país, informó el eurodiputado, José Ramón Bauzá.
El debate en el seno del Parlamento Europeo, una iniciativa impulsada por el mismo europarlamentario, se estará llevando a cabo el ocho de octubre, informó Bauza a través de su cuenta oficial de Twitter.
El debate de la Eurocámara se centrará en la iniciativa de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que envió Ortega a la Asamblea Nacional el pasado 22 de septiembre bajo el supuesto de prevenir los “delitos contra la seguridad del Estado”.
“¡Conseguido! El Parlamento Europeo debatirá las infames leyes anti-oposición del régimen Orteguista el próximo jueves 8 de octubre, incluida mi exigencia de sanciones a Ortega y Murillo y la suspensión del Acuerdo de Asociación con la UE. ¡Vamos, Nicaragua!”, escribió el europarlamentario español.
La Unión Europea es uno los socios comerciales importantes para Nicaragua por lo que al ser eliminado del Acuerdo de Asociación se perderían las ventajas arancelarias que incrementaría el precio final del producto.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció recientemente que Ortega y Murillo no han dado muestras de querer superar la crisis sociopolítica y por el contrario continúan violando los derechos de los nicaragüenses.
Control absoluto
La Ley de Agentes Extranjeros, según organizaciones, está dirigida a controlar todos los fondos financieros tanto de personas naturales como jurídica que reciben fondos del exterior, eso incluye las donaciones.
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El anteproyecto pretende registrar como agentes extranjeros a los corresponsables de prensa extranjera, periodistas de medios en el país que reciben apoyo financiero del exterior, compañías consultoras o de relaciones públicas, agencias de publicidad y los mismos empleados de servicios de información y los consultores políticos vinculados a gobiernos.
La iniciativa, que ha causado revuelo, fue rechazada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y PEN Internacional, quienes en conjunto pidieron a la Asamblea Nacional no aprobarla.
“Los juicios, las persecuciones, y los ataques a periodistas y medios que critican al gobierno de Nicaragua son una prueba de que las autoridades de este país están actuando sistemáticamente para limitar el derecho a la libertad de expresión”, denunció Jennifer Clement, presidenta de PEN Internacional.
En caso de que la iniciativa sea aprobada por el parlamento nicaragüense, se congelarán los fondos monetarios de todo agente extranjero que no se inscriba en el Ministerio de Gobernación, para lo cual tendrán sesenta días.
