Al menos 18 organizaciones de la sociedad civil, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las graves violaciones a la libertad de asociación que ocurren en Nicaragua.
La activista feminista Ana Quirós, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), organismo cancelado en diciembre de 2018, expresó que “la persecución sistemática y generalizada contra la sociedad civil se sustenta en un marco legal creado desde 2018 para reprimir la libertad de asociación”, año del estallido de la crisis sociopolítica del país.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) October 27, 2022
La segunda vicepresidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, sostuvo que la ilegalización y confiscación de bienes de las organizaciones de la sociedad civil, constituye un acto ilegal “porque está por fuera de cualquier instrumento o procedimiento internacional de derechos humanos. No se puede confiscar la propiedad de otra persona”.
En lo que va del año, el régimen de Daniel Ortega ha cancelado más de 2,500 organismos nacionales y de origen extranjeros.
“Los ciudadanos en Nicaragua tienen el derecho a vivir en democracia y esperar que no se criminalice tampoco se les torture, ni se les detengan, tampoco que se les confisquen sus propiedades, ni de las organizaciones”, agregó May Macaulay.
CIDH habla sobre crímenes de lesa humanidad
May Macaulay recordó que los gobiernos tienen que defender los estándares de la democracia.
«Es parte de la democracia y de la estructura fundamental de la organización de los Estados Americanos», sin embargo, «aquí tenemos el caso de Nicaragua, que es uno de los países en la región que de alguna manera están destruyendo gran parte de su población y está robando sus propiedades, sus activos, y está robando la vida de los nicaragüenses, los años que tienen para compartir con sus familias”, dijo.
«Lo que estamos viendo son crímenes de lesa humanidad, y ellos (el régimen) deben responder por esos delitos. Vamos a seguir trabajando para hacer todo lo que sea posible, tenemos que seguir trabajando de manera conjunta”, sostuvo.
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Por su parte, el comisionado de la CIDH, Carlos Bernal llamó a la comunidad internacional a seguir “teniendo los ojos puestos en Nicaragua porque esta situación no puede perpetuarse más en el tiempo”.
También instó a la sociedad civil a “seguir denunciando y a pedir a nosotros (CIDH) mediante medidas cautelares todas las protecciones que sean necesarias para garantizar su vida y que no existan represalias contra ustedes simplemente por exponer la verdad”.
