* El organismo acusa al Gobierno de vulnerar la separación de Poderes del Estado y lo insta a que restablezca el orden constitucional en el país.
Redacción IP Nicaragua
La situación que atraviesan 55 presos políticos, que están en huelga de hambre y que amenazan con coserse los parpados, fue calificada este jueves como “intolerable” por la Organización de Estados Americanos (OEA), quien sostuvo en este país existe una “alteración al orden constitucional”.
A inicios de octubre, se confirmó que al menos tres de esos presos políticos, optaron por coser su boca con hilo, como mecanismo de protesta ante la difícil situación que enfrentan. Estos fueron identificados como José Santos Sánchez Rodríguez, de Masaya; Ernesto Ramírez, de Jinotepe; y Néstor Montealto, de Managua.
“Esta situación es intolerable e inhumana. Todos han sido presentados públicamente como criminales y no han tenido acceso a un proceso judicial justo, siendo violentado así el principio de presunción de inocencia y todas sus libertades fundamentales”, señala un comunicado de la OEA.
La abogada y activista defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, denunció que don Justo Rodríguez, preso político, quien permanece en el hospital Antonio Lenín Fonseca desde agosto pasado, después de sufrir un derrame cerebral, decidió unirse a la huelga de hambre también en señal de protesta.
Según Martínez, don Justo permanece en su lecho de enfermo rodeado de al menos cinco custodios y desde que sufrió el derrame se ha pedido hasta la “saciedad” el cambio de medida cautelar, pero el Tribunal de Apelaciones no se pronuncia.
“Tenemos dos meses de estar haciendo la gestión. Él está hospitalizado y con el pasar de los días ha venido recuperándose, pero las secuelas del derrame son evidentes y tiene inmóvil una parte de su cuerpo, pese a que le dan terapia y ellos pretenden que camine por sí solo, pero por su avanzada edad (…) Ese señor no puede regresar al penal”, manifestó Martínez.
Negativa del Gobierno
En el comunicado, la OEA confirmó que en Nicaragua son persistentes las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y se observa la negativa del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ortega también se niega a cumplir los deberes que consigna la Carta Democrática Interamericana, un instrumento de la OEA, que implica el compromiso de los gobiernos regionales con la democracia.
Por el contrario, el pasado 14 de septiembre Ortega dejó entrever la posibilidad de castigar con cadena perpetua los “crímenes de odio”, para lo cual “orientó” al Poder Judicial que hiciera una revisión de las leyes que permitan cambiar la pena que hasta ahora es de 30 años.
La disposición de Ortega, según el comunicado de la OEA, es una clara amenaza a la oposición y “vulnera la separación de poderes”.
“Se trata de un cargo de tipificación imprecisa, ello deja el suficiente espacio para la arbitrariedad, siendo susceptible de convertirse en una herramienta para reprimir”, señala.
Por otro lado, en el comunicado la OEA denuncia que la Policía Nacional llamada por Ortega “Policía sandinista” sigue “implementando una estrategia de acoso y persecución a líderes opositores, así como a familias de presos políticos y víctimas”.
El actuar policial, agrega, es un patrón que “forma parte de una alteración al orden constitucional que se prolonga en el tiempo”.
Los presos políticos han anunciado que seguirán en huelga de hambre hasta conocer los resultados de la sesión de la OEA, que se cree abordará la situación de Nicaragua en una sesión que se realizará en el marco del 50 periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General.
Para la Secretaría General de la OEA es necesario que los Estados miembros en la próxima Asamblea General de forma consistente hagan suyas las denuncias de violación de los derechos humanos, exijan se liberen a los presos políticos, se restablezcan las libertades fundamentales y se proceda a las necesarias reformas electorales que permitan el retorno de la democracia a Nicaragua.
“Esta secretaría insta al Gobierno de Nicaragua a restablecer la normalidad del hilo constitucional, respetando la separación de poderes, las libertades públicas y el Estado de Derecho, al tiempo que cumple con sus obligaciones internacionales en la materia”, finaliza.
Foto portada: El Nuevo Diario.
