*Por su parte, el Cenidh califica de nefasta la ley y asegura que es una forma de “perpetuarse en el poder”.
Redacción / IP Nicaragua
La oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central, Panamá y República Dominicana (Oacnundh) señaló que la recién aprobada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros impondrá “restricciones indebidas” a personas naturales y jurídicas.
El pasado 25 de septiembre, tres días después que presentaron la iniciativa ante la secretaría de la Asamblea Nacional, la oficina regional de la Oacnudh envió una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores para ofrecer sus observaciones, pero no fueron tomados en cuenta.
Alberto Brunori, representante de la Oficina Regional de la Oacnudh expresó su preocupación por la ley que fue aprobada este jueves 15 de octubre.
“Lamento que el Estado de Nicaragua no hubiera tomado en cuenta nuestras observaciones ni accedido a nuestro ofrecimiento de brindar asistencia técnica a la Asamblea Nacional con el propósito de alinear el proyecto de ley con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, declaró Brunori.
Según esta oficina de la Oacnudh, la referida ley puede comprometer la “libertad de asociación, el derecho a la privacidad y la libertad de expresión”, entre otros derechos del que deben gozar los nicaragüenses, debido a que contradice una serie de obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Nicaragua en materia de derechos humanos.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros impondrá “restricciones indebidas” a personas naturales y jurídicas que reciban fondos provenientes del extranjero, señala la oficina regional de la Oacnudh en un comunicado.
Además, no descartan que la ley aprobada viole los derechos políticos de los nicaragüenses, pues podrían verse perjudicados de cara al proceso electoral de 2021.
“Basar el fundamento de esta ley en la protección de la soberanía nacional no es aceptable como argumento legítimo para limitar la libertad de asociación”, recordó Brunori.
Según el comunicado emitido por esta oficina, diferentes mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su rechazo a normas de este tipo en varias oportunidades, bajo el argumento de que podrían promover la estigmatización y hostigamiento de beneficiarios de financiación extranjera.
Critican el contenido “ambiguo” de la ley que, sumado a los antecedentes registrados en los últimos dos años desde la crisis sociopolítica, podrían ser utilizadas para “perseguir a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquellas dedicadas a la defensa de derechos humanos, medios de comunicación y otras voces disidentes”.
“La oficina regional hace un llamado al Estado nicaragüense para modificar esta ley, así como para abstenerse de adoptar otras normas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”, señalan.
«Control totalitario»
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la aprobación de la ley aduciendo que desde el gobierno pretenden imponer un “control totalitario” sobre la ciudadanía en general.
“Esta nefasta ley viene a coartar por completo los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses y a acentuar el estado de terror ya existente en el país”, señaló el Cenidh en un comunicado.
Según este organismo defensor de derechos humanos, con la aprobación de esta ley el gobierno no ofrece ninguna salida a la crisis que viven los nicaragüenses desde abril de 2018, por el contrario, muestra la decisión de “perpetuarse en el poder”.
“Nuevamente el régimen demuestra su profundo irrespeto a la voluntad del pueblo. También vulnera la Constitución Política de Nicaragua”, denunció el Cenidh.
Se prevé que la próxima semana se apruebe la otra iniciativa que fue enviada a la Asamblea Nacional, denominada Ley Especial de Ciberdelitos.
