*Defensoras de derechos de las mujeres consideran que el Estado está «aplazado» en el tema de género, porque no garantiza el derecho a la vida de las mujeres y niñas.
Eva Inestroza
La propuesta de instaurar en Nicaragua la pena de cadena perpetua por “crímenes de odio” va avanzando. La semana pasada, cinco delegaciones estatales asistieron a la única consulta sobre este tema en la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, creada para reformar el artículo 37 de la Constitución Política, que establece el límite de los 30 años de cárcel para crímenes graves y le dieron el “visto bueno”.
Según lo anunciado por la vicepresidenta Rosario Murillo el pasado 14 de septiembre, el presidente Daniel Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “proponer una reforma a las leyes pertinentes necesarias para proceder a remitirlas a la Asamblea Nacional”, luego del atroz asesinato de dos hermanitas de 10 y 12 años en la comunidad Lisawe, jurisdicción de Mulukukú, Región Autónoma del Caribe Norte, que consternó al país entero.
Sin embargo, la propuesta de reforma ha sido criticada por los diferentes movimientos feministas y defensores de derechos de la niñez y adolescencia, pues el mismo Estado ha excarcelado a más de 500 agresores de mujeres y niñas.
Para Martha Flores, del observatorio Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Estado nicaragüense ha sido cómplice de los delitos que han ocurrido contra las niñas y mujeres a lo largo de los años, pues el Ministerio de Gobernación ha favorecido con liberar a decenas de feminicidas y violadores, “dotándolos de impunidad”.
“La cadena perpetua no sirve de nada, porque con aumentar las penas no se va a disminuir la violencia de género; lo que hace más bien es aumentarla. Si podemos ver las reacciones que han tenido los agresores en las últimas semanas, cada día van aumentando más los femicidios, la violencia en contra de las niñas, las mujeres; hay más denuncias de desapariciones”, señaló Flores.
La activista considera que la iniciativa de reformar las penas no es precisamente para proteger a las niñas y a las mujeres, sino más bien un asunto político.
“No están comprometidos (el Estado) con la protección a las mujeres y niñas. En vez de hacer campañas, poner mano dura, hacer cumplir las leyes a los hombres machistas, el mismo Estado ha favorecido a los criminales”, insistió.
Estado aplazado
Eveling Flores, de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), manifestó que desde la organización se ha venido analizando a lo largo de los años la actuación del gobierno ante los temas de género, por lo que consideran que está “aplazado”, porque no garantiza el derecho a la vida de las mujeres y niñas.
“Las instituciones estatales están aplazadas también por no aplicar correctamente los marcos jurídicos, por no cumplir con lo establecido. La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) y también lo que hemos visto de parte de todos los poderes del Estado, es una complicidad con los hombres machistas y femicidas”, señaló Flores.
Entre el 2019 y lo que va de este 2020, el observatorio CDD ha registrado, a través de los territorios, que el Ministerio de Gobernación (Migob) ha puesto en libertad al menos a 514 violadores y femicidas.
“Este registro lo hemos logrado a través del monitoreo en los territorios. Lo único es que las familias no han querido denunciar por temor. Anteriormente estos femicidas (liberados) han sido denunciados por violencia familiar”, aseguró Martha Flores, por lo que, alertó que estas cientos de liberaciones incrementan el estado de vulnerabilidad de las mujeres y niñas.
“Estos hombres tienen antecedentes, denuncias; son reincidentes y aún así los excarcelan y mandan a las mujeres a mediar y esa es otra de las situaciones graves; mediar en un caso de violencia no te da seguridad, porque no tenemos una institución que vele por la vida de la mujeres”, agregó la activista.
Flores señaló en que «esa complicidad” entre el Estado y la violencia contra las mujeres, se refleja en la falta de mensajes claros y contundentes sobre los crímenes atroces.
«También se ve en los indultos que han dado, se ve en la poca actuación y la debida diligencia para garantizarle el derecho a la vida, el acceso a la justicia y la no repetición de los hechos de violencia que cometen los hombres machistas”, expresó.
Femicidios en aumento
Las cifras de femicidios en el país, reportadas en lo que va del año, son superiores a los registros de 2019. De acuerdo con las estadísticas de CDD, las defensoras de derechos humanos insisten en que la violencia machista continúa incrementando, debido a la falta de control y compromiso de parte de las autoridades, pese a que el gobierno pretende “venderse como una autoridad preocupada” por imponer la condena de cadena perpetua.
El observatorio contabiliza hasta la fecha 68 femicidios, cinco crímenes más en comparación con los documentados en 2019, cuando el año cerró con 65 asesinato de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.
En 2018 ocurrieron 57 femicidios, 63 en 2017, 49 en 2016, 53 en 2015 y otro de los años más “negros” para las mujeres en Nicaragua fue en 2014, para entonces se contabilizaron 75 de estos crímenes.
“Aquí efectivamente es alarmante la vida de las mujeres. En Nicaragua están en riesgo, no tenemos seguridad y además de eso, no tenemos instituciones estatales que actúen. Para nosotros ya las cifras rebasaron; es alarmante, son 68”, reafirmó Flores, de la RMCV.
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La violencia de género cada día va cobrando la vida de las mujeres por varios factores, subrayó.
“Anteriormente, como el gobierno vino a beneficiar a tantos delincuentes presos, desde ahí les está dando la orden que pueden matar”, expresó.
Dijo que el gobierno quiere seguir mostrando que hay seguridad en este país, que hay control a nivel internacional y la realdad es otra.
«Nosotras como organizaciones tenemos que estar denunciando todos estos atropellos que existen en Nicaragua, porque si no lo hacemos, este gobierno continúa y seguirá minimizando todas esas situaciones de violencia”, añadió Martha Flores, de CDD.
Reformar la Constitución
El proyecto de cadena perpetua está siendo tramitado a través de la iniciativa “Ley de reforma al artículo 37 de la Constitución Política”, que fue introducida el pasado 22 de octubre, firmada por los 70 diputados de la bancada sandinista, quienes dominan la Asamblea Nacional.
El pasado 27 de octubre, Murillo informó que las personas afines al gobierno de Daniel Ortega y trabajadores estatales, entregaron supuestamente más de 3 millones de firmas para una carta dirigida a la Asamblea Nacional y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), demandando la aprobación de la cadena perpetua.
El objetivo de la reforma es eliminar el límite de los 30 años de cárcel para crímenes graves y establecer la cadena perpetua.
