*Se suma al resto de organizaciones que presentaron un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia
Redacción IP Nicaragua
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), se sumó a las más de 60 organizaciones que a la fecha recurrieron por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Ley de Agentes Extranjeros.
Bajo un fuerte operativo policial, Cristiana Chamorro, directora ejecutiva de la FVBCH presentó este jueves un recurso por inconstitucionalidad por considerar que la iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional “viola todos nuestros derechos”.
“No solo a una ciudadana, como en mi caso, sino a todos los nicaragüenses, que nos quiere criminalizar y declarar traidores de la patria», expresó Chamorro ante los medios de comunicación.
La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada el pasado 15 de octubre de 2020 por los diputados sandinistas y cuatro días después fue publicada en el diario oficial La Gaceta.
Desde el 19 de octubre, cuando fue publicada en La Gaceta, cualquier ciudadano o ciudadana, de manera personal o por apoderado o apoderada, podía recurrir ante la CSJ en caso de sentir que la ley se opone a lo prescrito en la Constitución.
Ley viola Constitución Política
La Ley de Justicia Constitucional establece que el recurso por inconstitucionalidad debe interponerse dentro de los sesenta días contados a partir de la fecha en que entre en vigencia la ley, es decir que el tiempo para presentarlo vence este 19 de diciembre.
“La ley no solo afecta a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y no solo estoy aquí por la FVBCH, estoy aquí por todas las organizaciones hermanas de la sociedad civil que trabajan para Nicaragua. No solo por las que trabajamos por los derechos civiles y las libertades públicas, sino aquellas organizaciones que trabajan por la caridad, que trabajan llevando comida al pueblo, que trabajan por servicios comunitarios. Estamos por todos, porque está ley trata a todos de agentes extranjeros», denunció Chamorro.
Guillermo Medrano, coordinador de derechos humanos de la FVBCH, recordó que la ley «viola más de 14 artículos de la Constitución Política de Nicaragua».
“La solidaridad, el derecho de la protección del Estado, derecho de movilización, de asociación, derechos a la salud, y una ley ordinaria no puede estar encima de los derechos constitucionales, que son sagrados”, manifestó Medrano.
Varias organizaciones
Desde su aprobación y respectiva publicación más de 60 organizaciones han interpuesto igual recurso ante el máximo órgano judicial.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) fue la primera en interponer el recurso por inconstitucionalidad diez días después de haberse publicado la ley en La Gaceta.
Posteriormente, la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua, compuesta por más de 60 organizaciones no gubernamentales, recurrió a la CSJ por considerar que la ley le da facultades discrecionales al Ministerio de Gobernación que rozan con la constitución.
En esa cadena de organizaciones que no están de acuerdo con la aprobación de la ley está Movimiento María Elena Cuadra, Popol Na, la Red de Mujeres contra la Violencia, el programa feminista La Corriente, la Federación de ONG’s de Nicaragua; la Red Nicaragüense por la Democriacia y el Desarrollo Local (Red Local).
“Hoy nos quieren asfixiar y por eso hemos venido a poner este recurso, que esperamos que la Corte Suprema escuché y que termine con esa ley, está ley que nos trata de traidores a la patria», agregó Chamorro en representación de la FVBCH que también recurrió ante la CSJ.
Chamorro instó a la población de Nicaragua a interponer un recurso en contra de esta ley, al igual que lo han hecho organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones feministas, y dirigentes políticos.
Antes de su llegada a la CSJ, y de la presencia de los medios de comunicación independientes para dar cobertura a la gestión de Chamorro, un oficial motorizado y una patrulla de la Policía Nacional merodeaban el lugar con al menos cinco agentes policiales, a los que se les unieron un grupo de agentes antidisturbios.
