SAN JOSÉ —La Policía nicaragüense detuvo en las últimas semanas al menos a casi 60 opositores, entre ellos dos periodistas, por supuestamente “menoscabar la integridad nacional del país”. Sin embargo, su puesta en libertad apenas se demoró por orden de diferentes jueces que pidieron que enfrentaran sus procesos en “prisión domiciliar”.
Tras estos fallos, los opositores deberán presentarse a firmar de lunes a domingo en las instituciones correspondientes, algo que según organizaciones pro derechos humanos supone una “reestructuración de la represión” del presidente Daniel Ortega contra sus críticos.
“La nueva modalidad de esos procesos es irregular, además de violatoria al debido proceso y a los derechos humanos”, dice a la Voz de América la abogada Yonarqui Martínez, que ha trabajado en la defensa de varios ex reos políticos.
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Según Martínez, por lo general, la justicia realiza audiencias exprés y luego interponen una medida cautelar alterna a la prisión preventiva; pero otra modalidad es no permitirle al acusado tener un abogado de oficio o negarle la oportunidad de tener acceso a otra alternativa.
Este proceso por otro lado afecta directamente la economía de los opositores y a la integridad de sus familias, indica la abogada. «Imagínense una persona que está trabajando, el estar yendo a firmar todos los días, los 365 días al año”, sopesa.
El caso más reciente de este tipo se dio el viernes y se trató de la periodista Hazel Zamora, quien fue detenida por unas horas y acusada por un juez local. Zamora fue liberada posteriormente bajo la condición de firmar ante las autoridades correspondientes.
📌Actualización | La periodista Hazel Zamora se encuentra en libertad condicional y debe estarse presentado diariamente a un juzgado a firmar.
Ser periodista NO es un delito, que cesen ya las agresiones. #AlertasLP #Nicaragua pic.twitter.com/Fz582rsfVH
— Alertas Libertad de Prensa Nicaragua (@AlertasLP_Nic) May 6, 2023
Anteriormente se dio el mismo patrón con el periodista William Aragón, ex corresponsal del diario La Prensa, quien mencionó que también debía presentarse a firmar ante la justicia de lunes a domingo.
La abogada Martínez indica que la medida generalmente ocurre cuando el proceso judicial está en curso, pero si el proceso se dilatase un año, esa persona tendría que estar firmando en ese período, “si no, le revocan la medida y se va detenida”.
“A todas luces se ha visto que lo que buscan es meter en miedo a la población, acabar con toda forma de protesta y pensamiento porque la mayoría de las personas que fueron procesadas son personas que en algún momento se identificaron como opositores y que tenían ya tiempo de no estar en ningún tipo de actividades”, sostiene la letrada.
Las autoridades del Poder Judicial no se han referido a través de los medios oficiales sobre este cambio en la modalidad de los juicios a opositores.
A juicio del abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, el silencio podría ser porque el propósito del gobierno es que los 57 acusados elijan el autoexilio.
“De esa manera se garantiza la represión, que la gente atemorizada, con temor fundado; que busque cómo abandonar el país, sabiendo que está acusado, que está con la posibilidad real, inminente de un nuevo encarcelamiento”, subrayó el abogado a la VOA.
En este sentido, el propio Ortega ofreció recientemente a Estados Unidos enviarle más presos políticos, como hizo a comienzos de febrero con 222 opositores, que fueron acogidos por Washington por la administración del presidente Joe Biden.
“Teníamos más de 200 presos, que ellos llamaban presos políticos, que no eran más que terroristas (…) y ahora están inventando que hay más presos políticos, les digo a esos gobiernos junto a los Estados Unidos que nos pasen la lista que ahí se los vamos a mandar», manifestó a mediados de abril el presidente Ortega.
La respuesta de Washington no se hizo esperar, a consulta de la VOA, un portavoz del Departamento de Estado se mostró tajante: «Estos prisioneros deben ser liberados sin condiciones; el régimen Ortega-Murillo no tiene derecho a expulsarlos ni a despojarlos de su nacionalidad».
La organización Unión de Presas y Presos Políticos tiene documentado el arrestado de más de 60 opositores en diferentes penales del país. Mientras que 57 enfrentan los juicios en prisión domiciliaria.
Con información de la Voz de América
