Nicaragua tiene un “sistema político altamente centralizado y autoritario dominado” por el régimen de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, y desde el partido ejercen un “control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral del país”, señaló el Departamento de Estado en el informe sobre derechos humanos 2022.
“Los parapoliciales, que son unidades no uniformadas, armadas y enmascaradas con entrenamiento táctico marginal y organización jerárquica laxa, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno y reportan directamente a la policía nacional”, refiere el informe.
El documento señala que los civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad policiales, militares y parapoliciales. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos”, refiere.
Los parapoliciales y personas vinculadas a Ortega llevaron a cabo una “campaña de hostigamiento, intimidación y violencia contra los supuestos enemigos del régimen”, como exprisioneros políticos y sus familias, activistas de trabajadores agrícolas, grupos de oposición a favor de la democracia, defensores de derechos humanos, líderes del sector privado y clérigos, otros actores religiosos y grupos de la sociedad civil afiliados a la iglesia.
“Las autoridades no investigaron ni procesaron estas acciones”, se lee en el documento.
Estados Unidos en el informe recuerda que el régimen no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento en favor de la democracia de 2018.
“El gobierno no abordó los casos de corrupción generalizada. El presidente Ortega reforzó la impunidad de los violadores de derechos humanos que le fueron leales”, dice literalmente el informe.
Estados Unidos: Los pasos para la consolidación del poder autoritario en Nicaragua
En 2021, Ortega se adjudicó un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2021 después de encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición, prohibir la participación de todos los partidos políticos de oposición creíbles, bloquear los esfuerzos legítimos de observación internacional y cometer un fraude electoral generalizado, señalan.
“El oficialismo consolidó su poder en las elecciones municipales de noviembre, en las que la mayoría de los votantes optaron por no participar, al ganar en los 153 municipios”, se lee en el documento.
Ambos procesos electorales fueron “carente de credibilidad y definido por una participación electoral históricamente baja”.
“Las elecciones de 2021 ampliaron la mayoría calificada del partido gobernante en la Asamblea Nacional, aprovechando los cambios a la constitución en 2011 que eliminaron las restricciones a la reelección de funcionarios del poder ejecutivo y alcaldes”.
